El Gobierno valenciano pide «perdón» por los errores del PP en la gestión de Canal Nou

El vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, pidió «perdón» ayer por «las decisiones erróneas» que tomaron los sucesivos gobernantes del PP desde 1995 en la gestión de la Radio Televisión Valenciana. Las disculpas, no obstante, no van a hacer cambiar de opinión al Ejecutivo de Alberto Fabra, que se reafirmó en el cierre del ente público y presentó una proposición de ley en las Cortes autonómicas para liquidarlo.

El número dos de la Generalitat valenciana consideró que reclamar responsabilidades políticas a los responsables de anteriores gobiernos no es descabellado, «no se descarta nada en absoluto», subrayó. Císcar apuntó incluso que si su dimisión arreglara la situación de los 1.700 trabajadores de RTVV «esa dimisión se produciría, pero desgraciadamente no es el caso». Dijo entender, además, «el enfado e indignación» de los empleados en el ente.

El vicepresidente puntualizó que no figura entre los planes del Ejecutivo de Fabra privatizar, externalizar «ni nada que se le parezca» la televisión y radio autonómicas, una posibilidad que se ha manejado entre los trabajadores de Canal Nou, y garantizó que no habrá corte de las emisiones que gestionan los periodistas de la radio y televisión autonómicas. El cierre, aseguró, se hará de forma ordenada y con escrupuloso cumplimiento de la ley. La liquidación de la RTVV costará 70 millones de euros, 30 millones para el pago de las indemnizaciones a los más de 1.100 trabajadores afectados por el ERE anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, otros 30 para el pago a los 600 que no estaban afectados por el expediente de regulación de empleo, y diez para los salarios de tramitación.

El primer paso para el cierre lo dio ayer mismo el PP con la presentación de una proposición de ley en las Cortes autonómicas. El texto autoriza al Gobierno, y no al consejo de administración del ente, para gestionar la extinción, disolución y liquidación de la RTVV. Los populares, que tienen mayoría absoluta, propusieron que la iniciativa sea tramitada el martes en lectura única, un procedimiento que impide a la oposición presentar enmiendas, aunque sí debatir el texto.

Lectura única

Císcar defendió que la proposición de ley en lectura única es «la mejor fórmula y la más breve» para cerrar el conflicto. Los socialistas, Compromís y Esquerra Unida denunciaron que la maniobra demuestra el talante autoritario del PP, pero sus protestas están condenadas a quedarse en manifestaciones sin resultados prácticos.

Desde Madrid, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se lavó las manos porque la decisión de cerrar o cualquier otra relacionada con la RTVV corresponde al Gobierno de la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo, se limitó a decir, decidió que uno de sus primeros proyectos en esta legislatura fuera el de abrir «el abanico» de posibilidades para gestionar sus televisiones.

Los gobiernos autonómicos podían elegir entre la gestión directa, la indirecta o dejar las cadenas en manos de terceros. La realidad es que ninguna autonomía se desprendió de sus cadenas, hasta que el cierre de la RTVV puso de manifiesto la precaria situación económica de algunos entes.