La Audiencia Nacional libera al autor de la matanza de Hipercor y a otros 8 etarras

La Audiencia Nacional ordenó ayer la excarcelación inmediata de Domingo Troitiño, el jefe del comando de ETA que en 1987 asesinó a 21 personas en la voladura del Hipercor de Barcelona, el atentado más sanguinario de la historia de la banda, y de ocho terroristas más, entre los que también se incluye al exjefe de comandos Isidro María Garalde, 'Mamarru', que acumulaba una condena de 169 años.

Con estas liberaciones, sumadas a las de Inés del Río y Juan Manuel Píriz, son ya once los etarras a los que la Audiencia Nacional ha excarcelado desde que el 21 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictase una fallo que dejaba herida de muerte a la llamada doctrina Parot, el sistema de cómputo de los beneficios penitenciarios establecido por el Tribunal Supremo en 2006 que, en la práctica, obligaba a todos los grandes delincuentes a cumplir de forma íntegra el máximo de 30 años de cárcel.

La decisión de la Sala de lo Penal ha permitido a Troitiño dejar su celda en la cárcel coruñesa de Texeiro cuatro años antes de lo que tenía fijado con la doctrina Parot y en el caso de 'Mamarru' ha supuesto un ahorro de siete años en prisión.

Los otros siete liberados, todos ellos con condenas de decenas y centenares de años por delitos de sangre, dejaron también hoy por la tarde sus respectivas cárceles con entre uno y siete años de antelación sobre el día de licenciamiento definitivo que tenían marcado con el sistema de cómputo de beneficios penitenciarios más desfavorable.

La excarcelación colectiva de terroristas, la primera que se produce desde el goteo iniciado tras el fallo europeo favorable a las tesis de Inés del Río, fue el colofón de un intenso debate, de más de cuatro horas de duración, entre los 17 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acabó con el tribunal completamente dividido sobre la postura a tomar ante los once recursos de etarras que tenían sobre la mesa y en los que pedían su libertad.

Con un empate de ocho magistrados a favor y ocho en contra de las excarcelaciones, fue el propio presidente de la sala, Fernando Grande-Marlaska, quien desequilibró el resultado al ponerse de parte de quienes defendían que las nueve liberaciones se tenían que producir ya porque se trataba de casos «idénticos» al que llevó a la corte europea a dar la razón a Del Río. Dos de los recursos fueron rechazados. El de Juan Andrés Urkizu porque lo va a solucionar el Constitucional, y el de Raúl Ibáñez porque su situación no está tan clara como las demás.

Iguales a Del Río

La mayoría, al final, no atendió los argumentos de los otros ocho magistrados que, sin quitarles de entrada la razón, pidieron, al igual que hizo días antes la Fiscalía, que congelasen la decisión en espera del resultado del pleno que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará el martes para analizar el fallo de Estrasburgo y en el que debería determinar qué efectos concretos debe desplegar la sentencia sobre los reclusos a los que se les aplicó la doctrina Parot, criterio que debería ser la pauta a seguir por el resto de jueces españoles.

Los nueve magistrados favorables a las excarcelaciones aseguraron, de hecho, que con su decisión no entran en el fondo del debate ni contrarían la petición de la Fiscalía, que defendió la necesidad de esperar al criterio del Supremo porque cree que acabará por validar su tesis de que la sentencia de Estrasburgo no toca el sistema de cómputo de condenas de la doctrina Parot sino que solo prohíbe su aplicación retroactiva, es decir, con anterioridad a su nacimiento en marzo de 2006.

El Ministerio Público aconseja que a los presos afectados por la doctrina se les respete el cómputo de redenciones más favorable hasta 2006, y que, en cambio, se les aplique el más duro dictado por el Supremo tras esta fecha. Si el alto tribunal acoge su tesis, la Fiscalía lograría impedir algunas de las 75 excarcelaciones de etarras y grandes delincuentes reincidentes que podrían producirse en breve y retrasar varios años la fecha de salida de los demás reclusos concernidos.

La mayoría de la Audiencia Nacional aclara que solo ha acordado las nueve excarcelaciones, como hizo antes con Del Río y Píriz, porque se tendrán que producir en cualquier caso, aunque el Supremo decida el martes dar la razón a la Fiscalía y bendiga la interpretación más restrictiva posible de la sentencia europea.

No tienen duda de que, decida lo que decida el Supremo, estos nueve terroristas deben ser excarcelados porque ya habrían cumplido íntegramente su condena al tener asegurado hasta marzo de 2006 el sistema de descuento más laxo de los beneficios penitenciarios. La razón es que, para esa fecha, el que menos llevaba encarcelado llevaba más de quince años, que sumados al tiempo añadido por las redenciones -como mínimo un tercio- y a los siete años y medio transcurridos desde entonces hace que todos superen los 30 años de cumplimiento máximo que autoriza el Código Penal de 1973, con el que se les condenó.

Para resolver el resto de las peticiones de excarcelación de etarras que tiene que decidir la Audiencia Nacional, unas 25 a corto plazo, la Sala de lo Penal acordó, sin embargo, esperar a conocer la parte de la doctrina Parot que el Supremo salvará del fallo de Estrasburgo.