El Tribunal de Cuentas alerta de que 14 partidos estaban en 2011 en quiebra técnica

El Tribunal de Cuentas alerta en su último informe de fiscalización de los partidos, el correspondiente al ejercicio 2011, que 14 formaciones con representación en parlamentos nacionales o autonómicos están en una apurada situación financiera, la misma que si fuesen una sociedad mercantil se describiría como de quiebra técnica. El máximo auditor público indica que todas estas fuerzas políticas, en mayor o menor medida, se encuentran en una situación de patrimonio neto negativo. Es decir, que el conjunto de sus bienes es inferior a sus compromisos de pago y su endeudamiento.

Los casos de patrimonio negativo, que en 2009 eran diez y en 2010 trece, se extendieron a cuatro formaciones más en 2011 debido a los notables desembolsos y créditos que exigió la doble celebración de elecciones locales, autonómicas y nacionales en un solo ejercicio.

La grave situación descrita por el tribunal podría haberse corregido en algunos casos, aunque también agravado en otros, porque la institución aún está pendiente de analizar el estado financiero de los partidos en 2012 y hasta el año próximo no podrá calibrar su evolución en el presente ejercicio.

Con estas salvedades, la lista de los partidos con un notable agujero patrimonial la encabezan CiU y uno de sus dos socios, Unió Democrática de Cataluña, e Izquierda Unida y varias de sus federaciones más importantes.

La federación catalana, según este informe, presenta un agujero patrimonial en sus cuentas de diez millones de euros y el partido liderado por Josep Antoni Duran Lleida acumula otro desfase de 11,3 millones, en el segundo caso con aumento permanente. Los problemas de Unió contrastan con las del socio mayoritario de la alianza, Convergencia Democrática, que tiene patrimonio neto positivo de 8,8 millones de euros.

El segundo caso más llamativo es el de la coalición encabezada por Cayo Lara, con un agujero patrimonial de 8,5 millones, que se eleva hasta unos 14 millones si se suma el de las federaciones de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

En relación a su tamaño, también llaman la atención los desfases patrimoniales del Bloque Nacionalista Galego, de 3,4 millones; de Iniciativa per Catalunya, 3,2 millones; o del Bloc Nacionalista Valenciá, con 1,2 millones. Unión Progreso y Democracia, que en 2011 tenía un agujero contable de 581.658 euros, ya tiene el patrimonio en positivo, según una fuente del partido.

Los otros 15 partidos analizados por el tribunal tienen una situación patrimonial neta positiva, con independencia de que sus cuentas de resultados en estos tres ejercicios oscilen entre los beneficios y las pérdidas. Entre ellos destacan el patrimonio neto del PNV, positivo en 101 millones, o los del PP y PSOE, con 92 y 49 millones.

El Tribunal de Cuentas reclama a los partidos en quiebra técnica que cuanto antes contengan al máximo sus gastos para «alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial». Les recuerda que no tienen otro camino porque la casi totalidad de sus ingresos son las subvenciones públicas y estas crecen o encogen según los resultados electorales de cada comicio.

De hecho, según los datos del período 2009-2011, la financiación pública de los partidos, entre 297 y 316 millones de euros en ese periodo, supone aproximadamente el 85% del presupuesto en cada ejercicio, que se complementa con algo más de un 10% de cuotas y aportaciones de afiliados, entre 40 y 43 millones, y un simbólico 1% al 3%, según cada formación, de donaciones privadas.

Pagos opacos

Los documentos también dejan constancia de que las 29 formaciones auditadas tuvieron en 2009 una necesidad de financiación bancaria de 237 millones, que bajó a 218 en 2010 y se elevó a 271 millones en 2011, con motivo de los desembolsos extras electorales. Más de la mitad del total lo suman los créditos de PP y PSOE.

Los ingresos privados por donaciones han sufrido un notable descenso desde 2008, de entre el 25% y el 30%, en coincidencia con la reforma legal que prohibió en 2007 las entregas anónimas de dinero a los partidos. Las donaciones, que en el lustro anterior superaron los nueve millones incluso en años no electorales, se han visto reducidas a entre seis y siete. Pero las aportaciones que prácticamente han desaparecido con la obligación de identificarse son las de empresas, entre 700.000 y 800.000 euros al año, que solo subieron en 2011 a 2,7 millones al calor del maratón de comicios. La mitad de las donaciones de estos tres años las acaparan entre PSOE y PSC, con PP y Unió de tercero y cuarto.

La auditoría de cuentas detecta una serie de irregularidades en la captación de donaciones que, aunque minoritarias en el trienio, no dejan de ser llamativas. La federación andaluza de IU, según los criterios del tribunal, recibió en estos tres años, pese a la prohibición, aportaciones anónimas por valor de 337.857 euros, lo mismo que el Partido Aragonesista, con 82.480 euros en 2011.

De igual manera, tanto Unió Democrática como Coalición Canaria y el PP recibieron aportaciones ilegales de contratistas públicos por valor de 270.000 euros, 30.000 y 16.500, respectivamente. Ayudas de empresas sin la obligatoria aprobación del órgano rector obtuvieron Unió, 200.000 euros, el PP, 66.000, y Convergencia, 40.000.

La lista de los que infringieron la ley al no ingresar parte de estas donaciones en la cuenta bancaria destinada a ello fueron el PSOE, PSC e IU, fundamentalmente.

Estas irregularidades se quedarán sin sanción porque el retraso en la auditoría de las cuentas ha hecho que ya estén prescritas.