La Junta estudia recurrir una sentencia del TSJA que impide el reintegro de un intruso

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, señaló ayer que la Junta estudia si existe posibilidad de recurso a la sentencia del TSJA que anula una resolución del Gobierno andaluz para el reintegro de 109.572,19 cobrados «indebidamente» por el exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto (Sevilla) Domingo Martínez Castillo, ya fallecido, tras su inclusión como 'intruso' en el ERE de la empresa Acyco.

De este modo respondió Montero sobre sus posibles efectos para la recuperación del dinero público indebidamente otorgado. Montero aclaró en primer lugar que desconoce todavía si hay posibilidad de recurrir esta decisión del TSJA a una instancia judicial superior pero que, si la hay, la Junta la usará «para hacer valer los intereses del conjunto de los ciudadanos», según informa Europa Press.

El TSJA da la razón a la recurrente, la hija del alcalde fallecido, argumentando la ilegalidad de la ayuda concedida a la empresa. «No existe procedimiento alguno de otorgamiento de ayuda sociolaboral, ni siquiera se ha dictado acto administrativo alguno de otorgamiento de ayuda», subrayando que «no existe ni se ha otorgado ayuda alguna ni al recurrente ni a Acyco, sino que lo único que se ha acreditado es la entrega totalmente irregular y sin sustento legal alguno por parte de la Junta de dinero público para pagar sin causa las primas en relación a las pólizas de seguros cuyos tomadores eran particulares».

Esta sentencia puede dificultar a la Junta la recuperación del dinero defraudado en prejubilaciones, salvo que anule el ERE en cuestión, lo que perjudicaría a miles de trabajadores que no eran intrusos.

Fianza

El sindicato UGT-A, personado como acusación en el mismo caso de los ERE irregulares, ha recurrido el auto en el que la juez Mercedes Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de 251.041,37 euros al exsecretario general de UGT en Cádiz Salvador Mera y declaró la responsabilidad subsidiaria del sindicato, pues entiende que la misma debería ser atribuida en su caso a la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de la UGT (Fitag-UGT).

UGT explica que, en los diferentes acuerdos suscritos entre las organizaciones sindicales con el Gobierno y la Junta sobre los problemas de la minería en la Faja Pirítica de Huelva, Salvador Mera firma «como FIA-UGT Andalucía o como secretario general de la Federación de Industrias Afines de UGT-A», por lo que «es en esa condición en la que actuó en el conflicto minero de la Faja Pirítica, y no en la de secretario de UGT-Cádiz, cargo que no tenía en esa época». Mera está acusado por cobrar sobrecomisiones.