Fomento dispondrá de las fianzas de los alquileres para sus políticas de vivienda

Las fianzas que los arrendatarios entregan a los propietarios de las viviendas que alquilan deben por ley ser depositadas en la Consejería de Hacienda, en el plazo de un mes tras la firma del contrato, aunque no es usual hacerlo. A partir de ahora, la Consejería de Fomento va a realizar una campaña de concienciación y de control para que se cumpla esta exigencia, obligatoria por la ley de 1997, a fin de disponer de estas cantidades para desarrollar sus políticas de vivienda.

Así lo anunció ayer la consejera Elena Cortés durante su comparecencia en la comisión correspondiente del Parlamento andaluz para exponer los presupuestos de su departamento.

El modelo es la empresa de vivienda catalana, Incasol, que dispone de 400 millones de euros procedentes de la gestión de las fianzas, tanto de las viviendas como de los contratos de suministro de agua, gas y electricidad, ya que estas empresas también están obligados a depositar las fianzas en la Consejería de Hacienda

La nueva ley de presupuestos establece en su disposición adicional 19 que durante el ejercicio 2014 se efectuará trimestralmente la liquidación de los saldos de las cuentas de las fianzas de arrendamientos y suministros del trimestre anterior, según anunció Cortés ante la comisión. La Consejería de Hacienda habilitará cada trimestre créditos por importe de al menos el 70% de dicho saldo en el presupuesto de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía(AVRA, antes EPSA). El 30% restante se reservará para las posibles contingencias.

Para que los arrendatarios cumplan con el depósito de las fianzas, un mes en el caso de vivienda y dos cuando se destina a un uso diferente al de vivienda, Fomento va a realizar una campaña de concienciación pero también de control ya que la nueva Ley de Función Social de la Vivienda propicia la intervención en el mercado del alquiler por la AVRA y el cobro de dichas fianzas, de modo que se logre mejorar la seguridad jurídica de los inquilinos y movilizar una cantidad de dinero hasta ahora apalancado, para destinarlo a poner en marcha planes del departamento.

Elena Cortés no realizó una estimación económica del dinero que espera recaudar con esta medida, ya que es difícil conocer cuántos arrendamientos existen sin aflorar, pero sí manifestó su intención de destinar estos ingresos a desarrollar políticas sociales, fomento del alquiler y de la rehabilitación etc.

Esta fórmula fue considerada por la consejera como «una fuente fundamental de ingresos» y «una línea de financiación muy interesante que hasta ahora no se ha aprovechado en absoluto».

Elena Cortés aseguró que será «una línea de trabajo prioritaria» porque, a su juicio, todos ganan: «la Administración, con más recursos; arrendatarios y arrendadores, con mayor seguridad jurídica y la ciudadanía en general, que ve mejor cubiertas sus necesidades en materia de vivienda».