La colaboración empresarial con la dictadura argentina

El inédito hallazgo de registros pormenorizados de las reuniones que celebró la Junta Militar durante la dictadura argentina (1976-83), anunciado el lunes por el Gobierno, podría acelerar y profundizar procesos judiciales en marcha sobre empresas que se beneficiaron con el golpe de 1976 y que son señaladas como cómplices de los crímenes perpetrados por el régimen.

Como ejemplo de ello, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, adelantó que encontraron trece actas que revelan un «seguimiento exhaustivo» de los militares al tema del arresto de la familia Graiver, dueña de Papel Prensa, una adquisición de los grupos periodísticos Clarín y La Nación que hoy se investiga por graves irregularidades. Una veintena de integrantes de la familia y de la empresa fueron detenidos de forma ilegal -algunos permanecen desaparecidos- por militares cinco meses después de ser presuntamente forzados por la dictadura a vender la firma a esos periódicos, como denuncia la familia. El dueño del grupo, David Graiver, murió en 1976 en un sospechoso accidente aéreo en México.

La noticia del hallazgo de estos registros causó gran impacto en la opinión pública. A los 30 años de finalizado el régimen, aparecieron en un sótano de la jefatura de la Fuerza Aérea las 280 actas originales de las reuniones de la cúpula militar desde el 24 de marzo de 1976 -día del golpe- hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando asumió el presidente electo Ricardo Alfonsín (1983-89).

En el mismo recinto del llamado Edificio Cóndor de Buenos Aires fueron encontradas además 1.500 carpetas con planes de acción que proyectaban al Gobierno militar hasta el año 2000, y registros de correspondencia que evidencian reclamaciones como la de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por la desaparición de sus hijos.