El Gobierno andaluz amplía la investigación a UGT sobre el presunto desvío de fondos
La Junta inicia un procedimiento de revisión de oficio ante la falta de documentación aportada hasta ahora por el sindicato
SEVILLA. Actualizado: GuardarLa Junta de Andalucía se pone firme con UGT y ha decidido abrirle un procedimiento de revisión de oficio. La documentación enviada a su requerimiento anterior para aclarar el uso de fondos de formación ha sido considerada insuficiente por el instructor del expediente.
El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, dijo tras el consejo de Gobierno que el sindicato tendrá que aportar más documentación sobre el uso de fondos públicos y, aunque restó relevancia al nuevo expediente, que se basa en la Ley de Procedimiento Administrativo, se mostró firme en la decisión de aclarar las presuntas facturas falsas y el uso indebido de los fondos por parte del sindicato.
Jiménez Barrios dijo que tras la primera fase del procedimiento, que terminó el 16 de octubre el sindicato tiene ahora tres meses de plazo para presentar toda la documentación requerida, que será examinada por el Gabinete Jurídico de la Junta y se elevará al Consejo Consultivo. La investigación se refiere a los ejercicios 2009 y 2010.
En la primera parte de la investigación, ha aflorado el mal uso de dos facturas , por importe de 25.500 euros, que la central ha reintegrado a las arcas públicas. Se trata de dos facturas que se destinaron a pagar una comida en la Feria de Sevilla y otra que sufragó un acto del Instituto de la Mujer.
El consejero dijo desconocer a cuánto asciende la cuantía total afectada por la revisión de oficio, aunque indicó que se trata de «dos expedientes de años completos» y que la documentación es «muy diversa». Tampoco quiso pronunciarse, a preguntas de los periodistas sobre los presuntos «botes» que el sindicato creaba con los excedentes de su negociación con los proveedores. El titular de Presidencia mantuvo la cautela y se limitó a valorar «la total colaboración» de UGT.
La ejecutiva regional de la central, por su parte, rechazó comentar la decisión del Ejecutivo andaluz.
Jiménez Barrios precisó que la investigación afecta a UGT, no a CCOO y quiso poner a salvo el papel de los sindicatos y defender su importancia «para la concertación y la cohesión social». «No hay que atacar a las centrales sindicales, sino pedir la clarificación de la situación, y en eso está la Junta», dijo, que ha actuado «de forma inmediata, con responsabilidad y transparencia»,
Mientras, el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha requerido a la presidenta Susana Díaz que permita a su partido personarse en este expediente «para conocer de primera mano qué ha pasado con los fondos públicos». El partido reclama que los máximos responsables de UGT y CCOO comparezcan en el Parlamento, algo que el Gobierno andaluz considera excesivo: «Hay que situar las cosas en su justo término», dijo Jiménez Barrios.
Gestora en Cádiz
Pero aún el sindicato ha de hacer frente a otro conflicto, el creado en la provincia de Cádiz a raíz de la imputación de su secretario general, Salvador Mera, en el caso de los ERE fraudulentos, por su participación en la regulación de empleo en la Faja Pirítica de Huelva, cuando era secretario regional de la Federación de Industria y Afines.
La ejecutiva provincial dimitió en bloque ante la renuencia de Mera a abandonar su cargo, lo que hizo finalmente poco después, y se quejó en un comunicado de haber sido ninguneada por Sevilla y no haber sido tenida en cuenta su opinión.
Ambas hicieron ayer un ejercicio para dar apariencia normalización y dieron una rueda de Prensa para anunciar la constitución de la gestora, que presidirá el secretario de organización, Manuel Ferrer, y la decisión de convocar el congreso extraordinario lo antes posible, sin apurar el plazo de 4 meses que contemplan los estatutos.
Fuentes de UGT Cádiz dijeron que todo había sido un malentendido. El regional había pedido a Mera que retrasara su dimisión para dar la impresión exterior de tranquilidad, aunque el ya exsecretario provincial tenía decidido que debía marcharse, si bien su ejecutiva no lo sabía y se impacientó.