Marlaska propone frenar las excarcelaciones de etarras a la espera del criterio del Supremo

La Audiencia Nacional estudia la posibilidad de frenar la excarcelación de etarras afectados por la doctrina Parot a la espera de que el Supremo fije las líneas de interpretación para los tribunales españoles sobre el fallo de la corte de Estrasburgo, que declaró ilegal esta práctica que ha servido para alargar la prisión de decenas de terroristas y delincuentes muy peligrosos.

El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, preguntó ayer a los otros 16 miembros de este órgano si procede aplazar la reunión que tenían prevista para el viernes y en la que tenían en agenda seis recursos de presos de ETA que habían reclamado su excarcelación. Todos ellos apelan a la sentencia de la Gran Sala de Estrasburgo, que el pasado 21 de octubre ordenó la puesta en libertad de la exmiembro del 'comando Madrid' Inés del Río Prada porque la aplicación de la doctrina Parot violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En su escrito, Grande Marlaska recuerda que el Tribunal Supremo se va a reunir el 12 de noviembre «por cuestiones de la misma naturaleza» y que lo que acuerden los magistrados en esa sesión podría «vincular» a las futuras decisiones de la Audiencia Nacional. En ese documento, el magistrado da a entender que él sería favorable a aplazar cualquier decisión sobre los presos terroristas para «guardar la necesaria unidad jurisdiccional» con la doctrina que establezca el alto tribunal.

En ese encuentro, los 16 magistrados de la Sala del Supremo, que fue la que en 2006 alumbró la doctrina Parot, fijarán el alcance de la sentencia del tribunal europeo en un pleno no jurisdiccional, un tipo de cónclave que se convoca para analizar una cuestión general.

Interpretación

En esa reunión, el pleno estudiará si, como defienden algunos de los magistrados, es legal mantener en prisión a los presos que no tenían hecho el cálculo definitivo del licenciamiento de condena porque ello no violaría ni «la letra ni el espíritu» del fallo de Estrasburgo. Según esta interpretación, Estrasburgo considera que lo que vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos no es la doctrina Parot en sí, sino el hecho de que se aplique a quienes ya tenían fijada una fecha de excarcelación y no podían prever el cambio jurisprudencial, como era el caso de Inés del Río.

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que queda en el aire a la espera de que los magistrados contesten a Grande Marlaska, además de estudiar las primeras del más de medio centenar de peticiones de excarcelación planteadas desde el fallo de Del Río, tenía previsto decidir si adelantaba de 2017 a diciembre de 2014 la liberación de Josefa Mercedes Ernaga, condenada, entre otros crímenes, por el atentado de ETA contra el centro comercial Hipercor de Barcelona en 1987 y que costó la vida a 21 personas.

En esa misma reunión, la Sala de lo Penal tenía previsto analizar también el recurso de súplica que presentaron los abogados de Del Río contra la decisión de la Audiencia Nacional de no abonarle los 30.000 euros en concepto de «daños morales» que fijó Estrasburgo para la terrorista por el alargamiento indebido de su tiempo en prisión. Los magistrados acordaron destinar ese dinero a cubrir parte de las responsabilidades civiles a las que fue condenada la etarra y que nunca hizo efectivas al declararse insolvente.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, además de ordenar la excarcelación de la exintegrante del 'comando Madrid', dejó en libertad el pasado 25 de octubre, sin esperar al criterio del Supremo, a Juan Manuel Píriz López tras pasar en prisión 29 años y ocho meses. En el auto de libertad de Píriz, los magistrados avisaron de que seguirían excarcelando a los terroristas afectados por la doctrina Parot a los que ya se hubiera fijado la fecha de salida en una resolución firme.