Mantienen la imputación a dos exconsejeros de Madrid por privatizar la sanidad
El juez cita a Manuel Lamela y Juan José Güemes por presunta prevaricación y cohecho al incumplir requisitos como no pedir un canon
MADRID. Actualizado: GuardarEl proceso de privatización de la Sanidad madrileña volvió ayer a sufrir un nuevo revés, después de que el pasado mes de septiembre el Tribunal Superior de Justicia suspendió el paso a manos privadas de seis hospitales de la comunidad. Ahora, el juez de instrucción número 4 de Madrid ha citado a declarar a los exconsejeros de Sanidad de los gobiernos del PP Juan José Güemes y Manuel Lamela, a los que les imputa los delitos de prevaricación y cohecho en una causa referida a la externalización de los servicios sanitarios públicos.
En la misma resolución en la que rechaza los recursos de Güemes y las empresas Asisa y Unilabs contra sus imputaciones, el juez Marcelino Sexmer subraya que los hechos deben investigarse siempre que existencia de una duda razonable sobre su legalidad.
El instructor explica la imputación de los dos exconsejeros que intervinieron en adjudicaciones a empresas con «un accionariado opaco, incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley como la no exigencia del canon y que se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad».
La causa fue abierta en junio tras la querella presentada en mayo por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra el Servicio Madrileño de Salud por su administración desde 2004 y la vinculación de los dos exconsejero a empresas privadas que resultaron adjudicatarias en procesos de externalización de servicios como, por ejemplo, los análisis clínicos.
En la querella, AFEM se refería a los hechos como presuntos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos. El recurso de Güemes denunciaba, por su parte, la «falta de legitimación de Afem y en consecuencia inviabilidad de la personación como acusación popular de varios diputados del Grupo Socialista».