Una juez archiva y otra abre la causa de los ordenadores

Dos juezas, dos visiones de un mismo hecho, el borrado de los ordenadores que manejaba Luis Bárcenas en el PP. María Esperanza Collazos ordenó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa por no apreciar delito ya que ambos aparatos eran propiedad del partido y, por tanto, podía hacer con ellos lo que creyera conveniente. Josefa Bustos, en cambio, estimó que esos mismos hechos hacen pensar que hubo una infracción penal y abrió diligencias.

La titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid explicó que el extesorero del PP reconoció ante el juez que los dos ordenadores «pertenecían» al partido y no pudo acreditar ante el tribunal que fueran suyos. En consecuencia, no hubo robo, como alegó Bárcenas en su denuncia.

En cuanto al delito de daños por el borrado de los discos duros, Collazos sostiene que el 'pen drive' que aportó el extesorero ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como prueba del material que almacenaba en el portátil Toshiba es difícil que se corresponda con la memoria almacenada en ese aparato porque «carece de (puerto de entrada) USB» para la memoria portátil. En el ordenador Apple, prosigue la juez en su auto, «ha desaparecido cualquier información». No existe, en consecuencia, delito de daños porque, en opinión de la juez, no ha quedado acreditado que las computadoras tuvieran los datos contables que, según el denunciante, contenían.

La instructora solo deja viva la posibilidad de que hubiera un delito de encubrimiento que se dilucidará cuando en la causa que instruye Pablo Ruz en la Audiencia Nacional se declare culpable de algo al extesorero. Hasta entonces no se podrá hablar de encubrimiento porque no hay delito que encubrir. Collazos, de esta forma, se atuvo al criterio del fiscal, que pidió el archivo de la denuncia.

Bustos, titular del juzgado de instrucción número 49 de Madrid, admitió, por su parte, una querella del Observatori de Drets Humans por el borrado de los ordenadores contra Antonio de la Fuente, exresponsable de seguridad del PP; Estrella Domínguez, exsecretaria de Bárcenas, y Javier Barrero, responsable de informática en el partido gubernamental. La instructora sostiene en su auto que los hechos, es decir la destrucción de los ordenadores, «presentan características que hacen presumir la existencia de una infracción penal» y, en consecuencia, ordena abrir diligencias previas e informar al fiscal y a las partes.