La mayoría absoluta del PP tumba los vetos a la reforma de las pensiones en el Congreso

El Gobierno cuenta con mayoría absoluta para aprobar los proyectos de ley que envía al Parlamento. Pero que matemáticamente salgan las cuentas no hace menos visible la soledad del Ejecutivo cuando todos los grupos parlamentarios de la oposición en pleno presentan vetos y exigen la retirada de la reforma de las pensiones.Eso es lo que ocurrió ayer en el Congreso. La mayoría absoluta del Partido Popular tumbó los vetos, pero las críticas arreciaron contra el Ejecutivo. Los grupos parlamentarios rechazaron la reforma de las pensiones porque sólo se centra en recortar el gasto y alertaron de que su puesta en vigor se convertirá en un instrumento para incentivar los planes de pensiones privados.

La oposición censuró que el Gobierno haya legislado de espaldas al Pacto de Toledo y la diputada socialista Magdalena Valerio le acusó de «confundir mayoría absoluta con absolutismo».«Ustedes van solos, van en la dirección contraria, pero no de la oposición o de los agentes sociales, sino de los derechos de los pensionistas de este país, incluidos sus votantes, que están hartos», afirmó Valerio.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, defendió la reforma planteada recalcando que con ella «el Gobierno da un paso al frente y no deja para mañana lo que, sin duda, debe hacerse hoy». La reforma elimina la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC y lo sustituye por un indicador que tiene en cuenta los ingresos y gastos del sistema y su sostenibilidad, fijando un suelo de subida del 0,25% cuando las cosas vayan mal y un techo de incremento del IPC más 0,25 puntos porcentuales. Además, se introduce un factor de sostenibilidad de manera que la cuantía inicial de la pensión cuando se acceda a la jubilación se ajustará en función de la esperanza de vida, de manera que a mayor esperanza de vida más se reducirá la prestación inicial.

Báñez aseguró que «el barco (de las pensiones) no se hundirá, permanecerá siempre a flote». Aunque también insistió en que no se puede permanecer impasible ante el «insostenible» desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, para las que el programa de estabilidad 2012-2106 del Gobierno pronostica un déficit de casi 47.000 millones de euros acumulado. La Seguridad Social lleva desde el año pasado recurriendo al Fondo de Reserva, la 'hucha de las pensiones', para cubrir el desfase entre ingresos y gastos y pagar las pensiones contributivas. Antes de que acabe este año, tendrá que volver a retirar 5.000 millones de euros del fondo, que en estos momentos cuenta con 58.665 millones de euros.

Báñez pidió a los grupos parlamentarios «lealtad y responsabilidad para actuar con visión de Estado» y explicó que, tras la reforma, «el sistema ofrecerá en cada momento lo que pueda ofrecer a los pensionistas» y «se mantendrá el poder adquisitivo a medio y largo plazo».

El portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, aseguró que el Gobierno quiere aprovechar la crisis para cambiar la «naturaleza» del sistema de pensiones en favor de los planes privados. «Es el trabajo sucio que les están haciendo», dijo. El portavoz de CiU, Carles Campuzano, reclamó al Gobierno que intente acordar una fórmula de revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo porque el consenso «da un plus de legitimidad a las reformas». Campuzano advirtió de que el Gobierno se ha quedado solo por no escuchar a nadie y esa es «la peor manera para legislar sobre un tema como éste».

Para el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, la reforma puede conllevar una rebaja del 20% de las pensiones en 2050, lo que podría ser un «quebranto constitucional», y censuró que el Ejecutivo sólo actúe en el recorte del gasto sin buscar medidas para incrementar los ingresos. Olabarría, como Campuzano, hizo una llamada al consenso. «Está sola, señora ministra, y no sé si aspira a aprobar esta reforma usted sola, porque ni siquiera la avalan las organizaciones empresariales. Tantas personas no se pueden equivocar y ustedes tienen la mayoría, pero también tienen la soledad», concluyó.

Olabarría hacía referencia al dictamen del Consejo Económico y Social (CES) en el que sindicatos y empresarios coincidieron en rechazar el anteproyecto de ley. De hecho, CEOE ni siquiera ha presentado oficialmente sus propuestas de reforma. El PSOE anunció que si el Gobierno no retira la reforma la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, la derogará cuando vuelva a gobernar. Campuzano también advirtió al Gobierno de que una reforma de pensiones sin consenso «está condenada a morir».