Reino Unido aprueba la regulación de la prensa

La reina Isabel aprobó ayer en su Consejo Privado, que es una breve ceremonia en la que dos o tres miembros del Gobierno asisten al asentimiento por la monarca de una propuesta del Ejecutivo, la Cédula Real que establece el nuevo sistema de regulación de la prensa escrita británica, que fracasó ayer en su intento de que los jueces del Tribunal Superior detuvieran el proceso.

La cédula es la fórmula que encontró el Gobierno para evitar una ley de prensa, como había propuesto el juez Brian Leveson, a quien David Cameron puso al frente de una investigación sobre las prácticas de los periódicos que debía concluir con una recomendación sobre cómo regular sus actividades, que han estado supervisadas por un consejo formado por los propios periódicos y que pedía rectificaciones tras las quejas que se le presentaban.

La investigación fue consecuencia de las revelaciones sobre intercepción de comunicaciones o soborno de policías por parte de periódicos. La cédula se aprobó el mismo día en que comenzó el juicio a varios ejecutivos del desaparecido dominical News of the World acusados de esos delitos; entre ellos dos exdirectores, Rebekah Brooks, amiga de Cameron, y Andy Coulson, a quien puso al frente de la comunicación del Partido Conservador y luego del Gobierno.

Multas a rotativos

La cédula inicia la construcción del sistema de regulación por el tejado, mediante la estipulación de los poderes y funcionamiento que ha de tener un Panel de Reconocimiento formado por personas que no tengan relación actual con la prensa. Ese equipo reconocerá a un organismo regulador que 'voluntariamente' deben crear los periódicos, sin que en él tampoco haya ningún director de periódico.

El regulador pagará unos 350.000 euros anuales al panel por su trabajo y otros 225.000 por sus informes también anuales. El panel supervisará que el regulador creado por la prensa hace bien su función: considerar denuncias del público que no hayan sido bien tratadas por sistemas internos de un periódico, fallar sobre rectificaciones y, si la infracción es grave o persistente, multar al rotativo con un máximo del 1% de sus ingresos anuales o 1,2 millones de euros.

El siguiente paso es que los periódicos se agrupen voluntariamente para crear el organismo que les pide una cédula que rechazan. El estímulo para que lo hagan es que, si una publicación no participa en el sistema, tendrá que pagar las costas de una denuncia a los tribunales ordinarios.