Del Río exige cobrar los 30.000 euros por «daños morales» bloqueados para sus víctimas

La etarra Inés del Río Prada, excarcelada el 22 de octubre después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decretara ilegal la aplicación de la doctrina Parot, exige ahora a la Audiencia Nacional que le pague los 30.000 por «daños morales» que fijó en su sentencia la corte europea por los cinco años de más que estuvo en prisión.

El pleno de la Audiencia Nacional aceptó excarcelar de inmediato a la terrorista del 'comando Madrid' como reclamaba la Gran Sala, pero acordó, por unanimidad y a instancias de la Fiscalía, que los 30.000 euros no se le entregarían y que servirían para hacer frente a una pequeña parte de los 19 millones de euros de responsabilidad civil a los que fue condenada por, entre otros, sus 23 asesinatos, y que nunca abonó.

En su resolución, los 17 magistrados, que admitieron que el fallo de Estrasburgo era de «obligado cumplimiento» para los tribunales españoles, establecieron, no obstante, una salvaguarda a lo dispuesto por la corte europea y acordaron que ese dinero debía ser destinado al «pago de las responsabilidades civiles decretadas a favor de las víctimas». O, como es el caso, que esos 30.000 euros pasaran al Estado -fórmula de «derecho de subrogación»- ya que fue la Administración central la que abonó a las víctimas sus indemnizaciones puesto que la terrorista en los ocho juicios en los que fue condenada se declaró insolvente.

Los abogados de Del Río ahora han presentado un recurso de súplica ante el pleno de la Sala de lo Penal, solo en la parte referida al dinero, porque entienden que esa cantidad, a la que hay que unir otros 1.500 euros a los que se condenó a España en concepto de costas procesales, es una indemnización por daños morales y que la jurisprudencia de Estrasburgo ya ha dictaminado en varias ocasiones que no puede ser objeto de embargo para otros fines diferentes.

Resarcimiento

En su sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos justificó la entrega de ese dinero como resarcimiento a la privación de libertad irregular que la terrorista sufrió desde 2008, cuando en principio se había fijado su excarcelación tras aplicarle las redenciones de penas por trabajo establecidas en el Código Penal de 1973, hasta este mes de octubre, cuando salió en libertad tras cumplir 26 años y tres meses entre rejas. La aplicación de la doctrina Parot iba a retrasar la salida de la exmiembro del 'comando Madrid', condenada a 3.828 años de cárcel, hasta el 27 de junio de 2017, cuando hubiera cumplido el tope legal de 30 años en prisión.

El Gobierno, que desde el principio garantizó a las víctimas del terrorismo que el Estado no daría un solo euro a los excarcelados por la doctrina Parot, guardó ayer silencio sobre la petición de los abogados de Del Río. El titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, prometió, no obstante, que el Gobierno trabajará para buscar la fórmula jurídica que impida que los presos terroristas y grandes delincuentes que sean excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot puedan recibir ayudas del Estado. En particular, las que prevé la Ley de Seguridad Social de 1994, que da derecho a cobrar el subsidio de desempleo a los presos que salgan de prisión tras más de seis meses de encarcelamiento y que no tenga acceso a la prestación por desempleo. Un caso en el que cabe Inés del Río, que aún no consta que haya pedido acceder a este tipo de subsidios.

«Dinamitar»

«El Gobierno tomará las medidas necesarias para evitar que aquellos que han pretendido dinamitar nuestra democracia socializando el terror, se beneficien precisamente del Estado del Bienestar que entre todos hemos construido», aseguró el ministro.

Fernández prometió «buscar el mayor consenso posible» entre las fuerzas parlamentarias en las próximas tres semanas cuando vuelva a la cámara para su debate la moción consecuencia de interpelación que UPyD va presentar instando a suprimir estas ayudas.

Fernández, en esa línea, recordó que el reglamento que fija las ayudas de la Ley de Reconocimiento Integral de las Víctimas del Terrorismo ya prohíbe que los terroristas tengan acceso a cualquier tipo de prestación pública, unas ayudas que, dijo, han solicitado ya una cuarentena de miembros de ETA y otras bandas terroristas.