El PP de Cádiz se une contra el Plan de Protección del Litoral

El lugar elegido para mostrar el frente común del Partido Popular de Cádiz contra el Plan de Protección del Litoral Andaluz, no fue casualidad. Detrás de los responsables del PP provincial se encontraban los terrenos de los polvorines de Fadricas, una de las pocas extensiones de suelo libre que le queda a San Fernando para crecer y cuyo desarrollo se ve «muy» limitado, a causa del nuevo documento elaborado por la Junta de Andalucía. Y no es la única parcela afectada de la provincia.

Así lo afirmó tanto el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, como la vicesecretaria de Territorio de Medio Ambiente del PP andaluz, Alicia Martínez, y los alcaldes y portavoces de los municipios de la costa gaditana. Y es que eligieron este sitio como ejemplo del «mal» que causa este plan y como exponente de las razones por las que el PP presentará alegaciones al documento. El propio Antonio Sanz aseguró que la Junta «invade competencias, genera inseguridad jurídica y frena el desarrollo económico poniendo en peligro más de 10.000 puestos de trabajo».

El responsable de los 'populares' gaditanos ha detallado que para frenar el decreto creado «sin diálogo, por imposición y de manera sectaria» se presentarán un total de 27 alegaciones, procedentes de 14 municipios, a las que habrá que sumar las de «centenares de ciudadanos y colectivos». El Puerto, San Fernando, Cádiz, Vejer, Algeciras, Conil, Sanlúcar, Chiclana, Barbate, Puerto Real, son tan solo algunos ejemplos de los municipios que se ven afectados por este decreto.

De hecho, el alcalde de San Fernando, José Loaiza, pidió que su municipio sea excluido del plan del litoral porque es «un mazazo para sus intereses económicos y de desarrollo».

Por su parte, Alicia Martínez, anunció que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la petición realizada por las diputaciones provinciales del PP en contra de este plan. La dirigente popular dudó por ello de la seguridad jurídica de este plan y denunció que ha sido un documento «improvisado, con falta de diálogo y consenso, puesto sobre la mesa de los ayuntamientos andaluces sin opciones de ningún tipo».