Las víctimas reclaman a Rajoy que no se arrugue con el fallo de Estrasburgo

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), arropada por decenas de miles de manifestantes, envió ayer un claro mensaje al Gobierno, a los jueces y al resto de poderes públicos: «Que no se arruguen ni se pongan de perfil». Una exigencia que Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, lanzó durante un discurso en el que midió con esmero sus palabras para exponer el dolor y la indignación de los familiares de asesinados por ETA tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero sin provocar un incendio con críticas directas a Mariano Rajoy.

Pedraz dejó entrever que esta sería la última gran concentración sin alusiones directas a la política antiterrorista del PP. De hecho, instó a tanto al Ejecutivo como a la Audiencia Nacional a hacer examen de conciencia porque no han estado a la altura de la confianza que pusieron en ellos las víctimas. Tampoco faltaron las advertencias concretas sobre que este colectivo «no se va a rendir nunca» o que seguirán luchando con todas las consecuencias porque «no nos debemos a nadie, solo a la memoria de los seres queridos».

Hacía dos años y medio que la plaza de Colón no albergaba una manifestación de los afectados por los atentados de ETA, que fueron muy habituales entre 2004 y 2007. Unas protestas que sí tenían un destinatario claro: José Luis Rodríguez Zapatero y el denominado proceso de paz con el que el expresidente socialista buscó el final de ETA.

Los convocantes tenían muy claro el reproche, el fin de la doctrina Parot que podría permitir salir de prisión antes de los previsto a 53 etarras -Inés del Río y José Manuel Piriz ya están en libertad-, pero muchas complicaciones a la hora de responsabilizar al culpable de un fallo judicial que consideran que «humilla» a las víctimas. La AVT, al menos en esta ocasión, evitó cargar la responsabilidad del desenlace judicial en Rajoy -tampoco se cebó con Zapatero, aunque sí hizo una alusión directa al 'caso Faisán-. Le quedaba centralizar sus reproches en Estrasburgo, pero el propio Rajoy adelantó el viernes en Bruselas que el PP, como partido del Gobierno, no iba a participar en un acto contra un tribunal europeo, sino en favor de las víctimas.

Las alusiones al máximo órgano judicial europeo de los derechos humanos fueron contadas y con un nombre que sonó por encima del de la institución, el del representante español Luis López Guerra, que votó a favor de tumbar la doctrina Parot, al igual que el resto de los 16 magistrados de esta corte internacional, que adoptaron la decisión por unanimidad.

La principal propuesta que la AVT hizo al Gobierno fue la de actuar con decisión para encontrar una herramienta legal que permita evitar nuevas excarcelaciones tras el cuestionamiento de la doctrina Parot y que, además, aquellos que ya estén en libertad vuelvan a la cárcel. El objetivo, según recalcó Pedraza entre el aplauso de los asistentes, es que «los asesinos sean detenidos y juzgados y paguen proporcionalmente por sus crímenes, ni un día más pero ni un día menos».

El PP, mediante un comunicado que hizo público en su cuenta oficial de una red social, respondió después de la manifestación. Recordó que el Gobierno debe atacar siempre las resoluciones internacionales, como la decisión de Estrasburgo de acabar con el instrumento que aprobó el Tribunal Supremo y el Constitucional para impedir que los presos de ETA se beneficiasen de las redenciones de pena que contemplaba el Código Penal de 1973, pero informó de que Mariano Rajoy «luchará por cubrir este hueco legal», aunque sin especificar ni cómo ni cuándo.

En esta misma línea, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se reunirá el 12 de noviembre para analizar si la propia sentencia de Estrasburgo ofrece algún resquicio legal para evitar el mayor número de excarcelaciones posibles.

Negociación con ETA

Pedraza reclamó el derecho de las víctimas, a las que otorgó la responsabilidad de ser el último dique de contención «de la dignidad democrática en España», de proclamarse vencedores en la lucha contra el chantaje del terror.

Si la presidenta de la AVT intentó mantener una posición moderada, Isabel San Sebastián, que actuó como conductora de la parte central del acto, desempeñó el papel de 'poli malo' y cargó directamente contra el Gobierno.

«Todo lo que está ocurriendo apesta a negociación con ETA», aseguró la periodista. San Sebastián incidió en la tesis que defiende Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y actual portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, y espetó que «tratan de vendernos una paz que está pactada con los terroristas». Una afirmación, que el Ejecutivo ha negado en numerosas ocasiones, que le valió una ovación que se repitió en otro momento más. «Justicia no es que una decisión de este Gobierno, del actual, permitiera la excarcelación prematura del asesino Bolinaga, que todavía se pasea hoy en libertad riéndose de sus víctimas; eso es ignominia».