Subdelegación del Gobierno y Consistorio tachan de «irresponsable» al Grupo Minerva

Tras conocer el viernes el comunicado hecho público por el sindicato independiente de la Policía Local (UPLA) y apoyado por las otras tres secciones sindicales de la plantilla en el que se informaba de la dimisión en bloque del Grupo Minerva, tanto el Consistorio chiclanero como la Subdelegación del Gobierno se han posicionado. En concreto, ambos organismos tacharon de «irresponsable» la decisión de los cuatro agentes de la Policía Local que se dedican en exclusividad a la lucha contra la violencia de género en la ciudad.

Además, en un comunicado, el Ayuntamiento ha asegurado que la renuncia de los policías «no ha sido admitida» y por tanto la unidad sigue «totalmente operativa». Algunos de lo miembros del Grupo Minerva afirmaron a este medio que ellos no han recibido «ninguna comunicación oficial en respuesta» a la carta firmada por los cuatro afectados y entregada el pasado 16 de octubre. Lo que sí indicaron es que continúan prestando sus servicios con normalidad «hasta no tener alguna contestación».

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, lamentó la «situación de inseguridad con las víctimas» que ha generado esta dimisión en bloque y que convierte a las mujeres usuarias en «rehenes de su decisión unilateral y sin fundamento». No obstante, recalcó que esta postura «no repercutirá en la seguridad de las mujeres a las que estos policías prestaban servicio».

Según anunció, actualmente la Guardia Civil se encuentra estudiando si los policías han incurrido en dejación de funciones «por si fuera necesario tomar medidas de protección con las víctimas».

También De Torre recordó que el convenio entre la Secretaria de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Chiclana prevé reuniones técnicas donde se hace un seguimiento del acuerdo y analizan las problemáticas que puedan ir surgiendo, como es este caso. Asimismo indicó que a este cuerpo, compuesto por cuatro policías, se le concedió en junio dos dispensas de uniforme.

Este logro fue asumido por el Ayuntamiento como fruto de la negociación entre Ernesto Marín y la Subdelegación del Gobierno, por lo que calificaron la situación de «trato injusto» con el equipo de Gobierno que ha escuchado sus demandas. Por eso, lamentan que los policías «hayan abandonado la vía del diálogo», aunque recalcaron que no permitirán «ningún tipo de dejación de funciones». El alcalde ya se ha puesto en contacto con la Guardia Civil y con el intendente mayor de la Policía Local con el objetivo de mantener los protocolos de atención a víctimas.

Por su parte, miembros del Grupo Minerva señalaron que su intención con la renuncia es «dar a conocer en qué condiciones trabajamos y por qué no podemos hacerlo con todas las garantías». A partir de ahora, creen que corresponde a ambos organismos consensuar soluciones para lograr las cuatro dispensas de uniforme.

Los policías de esta unidad creen que el primer incumplimiento de la ley en este caso es «la doble victimización de las mujeres que sufren esta lacra» y que se origina al trabajar con el uniforme que los identifica como agentes.