El alcalde de Prado paga 300 euros por no cumplir una sentencia

Una nueva sanción económica para un regidor, achacable a la gestión de quien le precedió en el cargo. El alcalde de Prado del Rey, José Ramón Becerra (PP), ha abonado unos 300 euros de su bolsillo por el incumplimiento de una sentencia por parte del anterior equipo de Gobierno del PSOE. Esta sanción viene al no haberse abonado más de 15.000 euros, de un total de 45.000, de una sentencia firme del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía, con fecha 14 de mayo de 2009, que se produjo tras el trágico fallecimiento de un joven en las Fiestas del Carmen del año 1999. «Este retraso en los pagos por parte de anteriores gobernantes ha conllevado además la imposición de una multa personal de 300 euros al alcalde que ya ha pagado de su propio bolsillo, pese a no ser atribuible a su gestión», destacan desde el Gobierno local.

Los populares aseguran que, pese a la difícil situación económica del Ayuntamiento, han hecho un importante esfuerzo por acatar un auto que dictaba que se pagara esta cantidad en sólo siete días «lo que anteriores gobernantes se negaron, sistemáticamente, a abonar durante años, desoyendo continuos requerimientos judiciales». En concreto, el auto establecía, con fecha 30 de julio, que se pagaran 15.713,94 euros más intereses.

Para el Gobierno local, resulta inadmisible, habida cuenta del triste motivo que generó este proceso judicial, «el comportamiento irresponsable de unos dirigentes socialista que, haciendo caso omiso a los tribunales, han alargado esta situación más allá de toda lógica, con las consecuencias económicas que hoy todos los pradenses tenemos que asumir». Además, añaden que a la gravedad de los hechos hay que añadir que cuando todo sucedió «el Ayuntamiento no tenía abonado el correspondiente seguro de responsabilidad civil». No obstante, recuerdan que hasta que no se ha llevado a cabo este pago, no se ha conseguido liquidar totalmente esta deuda.

Habitual

Becerra ha recalcado, por su parte, que «comienza a ser una tónica habitual que, además de la dificultad que entraña gestionar con eficiencia para devolver a Prado del Rey a la senda de la estabilidad económica, tengamos que estar pendiente y hasta en ocasiones responder personalmente, de las consecuencias jurídicas por las acciones irresponsables de quienes no velaron por salvaguardar la buena imagen de nuestro pueblo».