La Audiencia anula la imputación de Magdalena Álvarez por falta de motivación

La Audiencia Provincial de Sevilla dio ayer un pequeño varapalo a la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía al anular la imputación de la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez por falta de motivación, por no concretar los delitos que le imputaba. Con este error, aclara el tribunal, se vulnera el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, por lo que pide que rectifique y dicte una nueva imputación. La Audiencia señala también que la instrucción habría agotado ya la investigación con los aforados, por lo que debería elevar esa parte al Tribunal Supremo.

La decisión de la Sección Séptima de la Audiencia responde al recurso presentado el pasado verano por la también exministra de Fomento, quien entonces alegó la indefensión que causaba la falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en los que se basó el auto que implicó tanto a Álvarez como a otros 19 antiguos y actuales altos cargos de la Junta, lo que dificultaba ejercer sus derechos ante la juez Mercedes Alaya. Una indefensión que se plasmaba en la complejidad de preparar la comparecencia al no saber de qué se la acusaba.

Relación fáctica

Así, la Audiencia recuerda que, según la jurisprudencia del Supremo y de acuerdo con el Código Penal, cuando se dirige un procedimiento contra alguien «debe existir una resolución judicial motivada en la que se le atribuye su presunta participación en un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta». Exige al menos «una mínima relación fáctica cuya lectura permita colegir la descripción del hecho o hechos punibles de que pueda tratarse», y más en un caso como el de los ERE, en el que la juez a partir de una «construcción sugerente, que no explícita, de la ilicitud penal de la actuación no solo del Gobierno autonómico sino, al parecer, también del propio Parlamento andaluz» infiere que se creó «ex profeso un sistema legal para delinquir o mantener una actividad delictiva».

De esta forma, la Audiencia enmienda la plana a la juez Alaya y le pide que dicte un nuevo auto, referido solo a Álvarez, en el que concrete ya los supuestos delitos. La decisión del tribunal se produce no obstante semanas después de que la exconsejera declarase ante la juez, que la acusó de prevaricación y malversación de fondos. Teniendo en cuenta la forma de proceder de Alaya, todo apunta a que en los próximos días dictará un nuevo auto donde hará un relato más pormenorizado de estos dos delitos.

La resolución judicial valora también el contenido de la rama más política de la investigación y la posible presencia de aforados en la causa, aunque solo «a efectos dialécticos por si fuera de interés». Así, entiende que la instrucción de Alaya ha podido llegar al «límite máximo» y que para la clarificación del caso sería relevante escuchar a estos cargos públicos aforados, algo que no obstante correspondería al tribunal de aforamiento.

La Audiencia insta en este punto a que tanto la Fiscalía como las partes personadas soliciten la inhibición de la juez y que remita el caso al Supremo para que se produzcan esas declaraciones.