Más de 200 agencias privadas se apuntan a colocar parados

Unas 204 agencias privadas de colocación han pedido formalmente participar en el nuevo sistema de búsqueda de trabajo para los casi seis millones de parados que hay en la actualidad, donde «complementarán» a los servicios públicos, según la definición dada a su labor por el Ministerio de Empleo.

No obstante, de entre todas las solicitudes presentadas solo se han admitido 134. Como el resto aún puede recurrir, el Ministerio ha suspendido la reunión prevista para el día 29 donde se iba a avanzar en este polémico proceso en el que han rechazado participar tres comunidades: Andalucía, Cataluña y País Vasco.

Según este plan de externalización parcial de las tareas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem), muy criticado por los sindicatos, se pagaría a las agencias privadas hasta 3.000 euros por conseguir un contrato de seis meses a un parado de larga duración mayor de 45 años, aunque habrá otros abonos en línea con lo que pasa en otros países. Así, recibirán una cantidad fija por cada persona cuya inserción se le encomiende (desde la administración correspondiente), «con independencia del resultado». Esta cuantía no podrá superar el 50% de lo que cobraría por recolocar a ese parado», con un tope de 400 euros.

Las tarifas varían según la edad y el tiempo que lleve cada persona en el desempleo. Así, por encontrar trabajo a un joven que esté menos de seis meses sin hallarlo, la agencia cobraría 300 euros, que se dispararían hasta los 1.100 si hace más de un año que está en paro. Además, se abonará un incentivo de hasta 1.000 euros más «por especial dificultad de inserción o riesgo de exclusión».

También se le dará otro complemento (hasta el 50% de lo recibido antes) si esa persona logra mantener su trabajo medio año más de lo previsto. Más controvertido es el «incentivo por resolución de irregularidades» (de hasta el 15% de su tarifa principal) si denuncia alguna infracción del desempleado, o da información que permita sancionarle.