La Junta incluirá en los Presupuestos mayores controles a las subvenciones

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció ayer en el Parlamento que los Presupuestos para 2014 incluirán mayores controles en los sistemas de la administración autonómica para la concesión de las subvenciones. Díaz, en el debate con el líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, dijo que el proyecto de ley incluirá en su articulado un informe de la Intervención General sobre la fiscalización de las transferencias de financiación, tanto para saber a dónde va el dinero como para controlar que el destino sea el correcto.

La transferencia de financiación es un instrumento administrativo usado para la financiación de las agencias o empresas públicas de la Junta de Andalucía. Es un procedimiento que se ha hecho tristemente famoso porque fue el utilizado por la Consejería de Empleo para el pago de las prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) y ayudas a empresas en crisis que la jueza Mercedes Alaya investiga por fraude. Empleo remitía con cargo a su partida 31L el dinero a la empresa pública IFA, luego IDEA, y esta pagaba las prejubilaciones y las ayudas a las empresas, saltándose los requisitos de publicidad y concurso público necesarios en las subvenciones excepcionales.

Alaya considera ese procedimiento ilegal y ha imputado a más de veinte cargos de las consejerías de Hacienda y Empleo de la Junta, entre ellos a Magdalena Álvarez, por considerar que por acción u omisión utilizaron este procedimiento adrede para saltarse los controles en las ayudas y administrar estas de forma arbitraria, lo que derivó que una trama orquestara un fraude que se calcula hasta ahora en más de 136 millones de euros de los 721 millones tramitados por este sistema. Luego fue modificado en 2010 por la encomienda de gestión, que la jueza Alaya también considera ilegal.

El informe de la Intervención que recogerá la ley de Presupuestos desarrollará y determinará el uso de las transferencias de financiación, incluso con los controles necesarios en caso de que se utilicen para subvenciones, según fuentes del Gobierno andaluz. Se trata de un compromiso que hizo la presidenta hace un mes también en el Parlamento, como recordó ayer a Zoido. «Palabra dada, promesa cumplida», le dijo a Zoido tras el reproche de este de que no pasa de las palabras a los hechos en su promesa de transparencia y de lucha contra la corrupción.

Zoido insistió en inquirir a la presidenta sobre si la Junta se personará en otras causas judiciales distintas a los ERE sobre fraude de fondos públicos, en relación a Invercaria; también sobre si ha dado instrucciones a los cargos imputados en los ERE de no declarar ante Alaya. «¿Es esa la colaboración de la Junta con la Justicia», le recriminó. Díaz le replicó: «Sé que tengo enfrente a un líder de la oposición de salida y a un alcalde, pero no doy crédito a que sea un juez en excedencia», dijo lamentando que no fuera riguroso sobre el derecho que asiste a los imputados a no declarar.

El también alcalde de Sevilla aún prosiguió con la corrupción como arma arrojadiza y le pidió a la presidenta que informara sobre una subvención de 1,9 millones de euros a UGT que, según Zoido, «se traspapeló» cuando la Cámara de Cuentas preguntó por ella. Fuentes de la Consejería de Economía y Empleo aseguraron luego que la documentación fue hallada y remitida a la Cámara de Cuentas en su momento.

Díaz confirmó que la Junta recurrirá al Tribunal Constitucional la ley de Wert en respuesta a la pregunta del portavoz socialista, Francisco Álvarez de la Chica; y en la contestación a la del portavoz de IU, José Antonio Castro, dijo no descartar un recurso similar contra la reforma local del Gobierno si esta «colisiona» con el Estatuto.

Funcionarios

La presidenta explicó que su Gobierno se sumará al recurso contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en aquellos artículos en los que se vulnere la igualdad de oportunidades y el derecho universal a una enseñanza pública. Añadió que la Junta minimizará el impacto donde tenga margen: no concertará con colegios que segreguen y se seguirá impartiendo Educación para la Ciudadanía.

La presidenta achacó que se mantengan los recortes a los complementos de las pagas extra de los funcionarios al ajuste obligado del Gobierno de 1.200 millones de euros. Díaz, que reprochó a Zoido la filtración de las cuentas del Consejo Consultivo, recordó que Rajoy aplicó recortes a funcionarios y este año también lo hacen regiones del PP como Valencia, Murcia y Galicia.