Agricultura abre la batalla con Madrid por el reparto de la PAC

Se acaba el 'feeling' entre los gobiernos andaluz y central en materia de Política Agrícola Común (PAC). La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, se reunió ayer con el sector y se puso de relieve la preocupación creciente en el campo andaluz por el resultado final del reparto de las ayudas que realizará Madrid entre las diversas regiones. Hay algo más que flecos pendientes, grandes cuestiones sin resolver o de incierto final, que Víboras verbalizó al expresar su temor de que el Ministerio de Agricultura beneficie a las comunidades gobernadas por el PP en perjuicio de Andalucía.

La consejera mantuvo una reunión de la Mesa de Interlocución Agraria, formada por representantes de ASAJA, COAG, UPA y de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) para analizar la inquietud ante este segundo reparto de los fondos conseguidos por España de la PAC y consensuar una postura común ante el Ministerio con el objetivo de no perder «ni un euro» de los 2.000 millones que cada año recibe Andalucía y que son cruciales para el futuro del sector.

Elena Víboras considera que «si España no ha perdido ni un solo euro respecto a la PAC, ¿por qué tenemos que perder los andaluces?», según declaró tras la sesión.

Las razones de la preocupación son varias. La primera, la llamada disciplina financiera, que se aplica ahora como novedad y que está por definir. Según sus palabras, puede suponer desde un recorte del 4% de las ayudas a los agricultores que reciben más de 2.000 euros hasta un 2,45% o incluso un 1%. La consejera urge a que se defina ya «porque toca el bolsillo de los agricultores» en un total que variará entre los 52,6 millones si finalmente queda establecido el recorte en el 4% y en 32,26 millones de euros si baja hasta el 2,45%. Se prevé que la decisión se adopte en el Consejo Europeo del próximo 1 de diciembre.

Este extremo afectará a 117.000 productores, que «no detectarán el recorte en el anticipo de los pagos directos que actualmente están recibiendo pero sí en el resto que queda por pagar», dijo Víboras.

La Junta está también preocupada por el Plan de Desarrollo Rural, un dinero destinado a la modernización del campo y por el que Andalucía recibía en 26,5% del total de las ayudas. Elena Víboras explicó que Madrid quiere basar el nuevo reparto en una «fórmula matemática compleja» que considera inadecuada y cuya primera simulación supondría para Andalucía la pérdida de 420 millones. La consejera hizo valer el argumento de que se trata de «una filosofía, una política, acerca de si se va a apoyar o no a la agricultura» y recordó que el 53% de la población andaluza vive en el medio rural.

Respaldo de la Mesa

Las organizaciones agrarias mostraron su respaldo, con matices, a la consejera al término de la reunión.

Así, Cristóbal Cantos, de ASAJA, declaró a la agencia Efe que ante la fase «complicada» de la negociación, el sector andaluz debe actuar unido, «sin nerviosismo y con firmeza» y mostró su confianza en que se lograrán los fondos previstos para Andalucía.

Agustín González, de COAG, subrayó que existe una «posición firme» del sector en Andalucía y reclamó que no bajen los recursos para la competitividad del campo andaluz. Asimismo, el representante de COAG indicó que el ministro Miguel Arias Cañete debe hacer «política agraria y no de partido».

En representación de la UPA, Eduardo López manifestó tras la reunión que el ministro debe «respetar el compromiso» de que no haya trasvase entre territorios de las ayudas, porque ha subrayado que no se puede cambiar de normas «con el partido empezado».

Rafael Sánchez de Puerta, director de FAECA, mostró su «total disposición» a colaborar con la consejera y al mismo tiempo insistió en la necesidad de que no bajen los recursos que recibe el campo andaluz para que pueda continuar con su proceso de modernización, porque «estamos en el camino pero queda muchísimo por hacer»