El consejero de Pescanova José Carceller, ayer, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar. :: J. L. / EFE
Economia

Un consejero de Pescanova acusa al expresidente de ocultarles datos

Fernández de Sousa pidió 15 millones a miembros del consejo a finales de febrero, antes de intervenir la CNMV, por problemas de tesorería

MADRID. Actualizado: Guardar
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Entramos en la segunda semana de declaraciones en el 'caso Pescanova' y se mantiene una tesis común entre sus consejeros: supuestamente desconocían su situación financiera real, pese a que ya en 2012 habría entrado en situación de quiebra técnica tras acumular una deuda superior a los 3.500 millones de euros, destapada en julio pasado.

Ayer fue el turno de los miembros del consejo que no han sido imputados. El primero en testificar fue José Carceller, quien actúa en representación del 6,2% que posee la cervecera Damm -presidida por su hermano Demetrio-, si bien la familia controla otro 1,6% a través de la petrolera DISA que la situaría en la práctica como el primer accionista.

Carceller acusó directamente al expresidente de la empresa, Manuel Fernández de Sousa, de ocultarles las cuentas reales. Sin embargo, circunscribió su reclamación sólo al polémico consejo del pasado 1 de marzo -justo antes de intervenir la CNMV-, donde aquel les pidió entre 15 y 20 millones de euros para «resolver problemas urgentes de tesorería» que les habría ocultado en los resultados que les presentó dos días antes. Fue, dijo, la primera vez que sospecharon que «algo raro» estaba pasando con los resultados.

En concreto, Pescanova precisaba «ya» de 15 millones para cubrir el vencimiento de un crédito sindicato y de otros 50 millones a finales de marzo para pagos a proveedores y otras obligaciones contables. Sin embargo, poco meses antes había culminado una ampliación de capital por 120 millones de euros, un dinero sobre cuyo destino no supo darles explicación alguna Fernández de Sousa, según declaró Carceller en la Audiencia Nacional.

Fue precisamente en esa reunión del consejo donde varios de sus miembros se negaron a firmar las cuentas de 2012 y estalló el caso a nivel público. Sin embargo, el interés compartido del juez, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares es averiguar porque no hubo señales de alarma anteriores que previnieran sobre los problemas contables de Pescanova pues, según los informes elaborados por el auditor forense (KPMG) y el administrador concursal (Deloitte), se arrastraban, al menos, desde 2010.

Antonio Basagoiti, quien dimitió en abril como consejero, declaró ayer en ese sentido que «es difícil de creer» que el auditor de Pescanova (BDO) no pidiera al Banco de España los datos sobre su endeudamiento real.