Piden perdón a Irene García para eludir la cárcel por atentado

Las protestas contra los políticos se suceden una tras otra y el nivel de crispación crece conforme los efectos de la crisis siguen sin dar tregua a los ciudadanos. Un juicio que se celebró ayer en la Audiencia Provincial sirve para cuantificar el riesgo al que se enfrentan aquellos que esgrimen la palabra con insultos y agresividad si su objetivo es una autoridad pública. Un aviso para colectivos navegantes como los exdelphi que ya han anunciado que están dispuestos a cruzar todas las líneas rojas para conseguir que se cumplan los compromisos adquiridos tras el cierre de la factoría.

Una madre y su hijo se sentaron ayer en el banquillo, acusados por la exalcaldesa de Sanlúcar, Irene García, y la Fiscalía de un delito de atentado. La vista oral fue un mero trámite porque ambas partes habían acordado previamente que los procesados aceptarían los hechos y pedirían perdón, mostrando su arrepentimiento para evitar la pena de cárcel que solicitaban las acusaciones: cinco años de prisión. Las penas reservadas para este delito son elevadas y van de una horquilla de cuatro a seis años de cárcel; de ahí que las agresiones, aunque sean en tentativa o no conlleve lesión alguna, se castigan de manera severa.

Los acusados reconocieron que en abril de 2011 se abalanzaron sobre Irene García cuando ésta llegaba al Ayuntamiento en su coche oficial. Antonio R. R. había iniciado meses atrás una protesta diaria en la puerta del Consistorio en demanda de un puesto de trabajo. Al llegar la exregidora, su madre se acercó al coche y comenzó a insultarla. En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal se habla explícitamente de amenazas de muerte hacia Irene García.

A los gritos e insultos de la madre se le sumó su hijo, que llegó a agarrar del brazo a la política cuando ésta trataba de cerrar la puerta del coche y salir de allí de nuevo. Antonio R. R. reconoció también que le dio una patada al vehículo.

Estas confesiones tendrán su compensación ya que previsiblemente el tribunal impondrá una pena de dos años para el acusado, que llegó a tocar a la exregidora y a imponer una multa a su madre. La Fiscalía y la acusación particular rebajaron la petición de pena que habían formulado contra la mujer, fijándola en el pago de una multa de 40 días a razón de dos euros diarios (80 euros en total). Tuvieron en cuenta que la participación de esta vecina de Sanlúcar, de avanzada edad, se había limitado a proferir insultos y frases cargadas de agresividad.

Para el procesado, se planteó la aplicación de una atenuante muy cualificada de arrepentimiento que permitiría rebajar la condena al límite que permite eludir el ingreso en prisión.

Irene García apenas tuvo que declarar en el juicio, ya que estaba prácticamente acordado cuál sería el resultado final. Se limitó a ratificarse en el testimonio que aportó hace dos años en la denuncia y a confirmar que los dos acusados le habían pedido perdón, que aceptaba sus disculpas y que no quería que entraran en prisión.

La defensa hizo una estéril argumentación final a favor de la absolución de sus clientes después de que los hubiera advertido antes del juicio y durante la celebración de éste -la presidenta del tribunal llegó a suspender la vista oral unos minutos- de que tenían que mostrar arrepentimiento. El letrado expuso a la sala que lo ocurrido en las puertas del Consistorio había sido de escasa gravedad y que el proceso nunca debió llegar a la fase del juicio oral. Apeló a una jurisprudencia que no encuadraría esos hechos como un delito de atentado. Pero esos argumentos llegaba tras sellar un acuerdo.