Las futuras VPO no perderán su calificación y no podrán ser vendidas libremente

Las viviendas de protección oficial (VPO) nunca perderán su calificación y, aunque podrán ser vendidas, no lo serán a precio de renta libre. Así lo establece el nuevo Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que la Consejería de Fomento acaba de abrir al periodo de alegaciones.

El borrador del decreto, que ya está colgado en la web de Fomento y podrá ser alegado de forma telemática hasta el 8 de noviembre, será aprobado por el Consejo de Gobierno a principios del año próximo. Ya ha sido presentado al Consejo de Participación, con críticas de los constructores agrupados en Fadeco y de los consumidores. La polémica está servida, en un sector especialmente sensible y sujeto a una crisis de modelo, pues Fomento plantea una serie de medidas muy diferenciadas del plan anterior que, considera «ha fracasado rotundamente».

El nuevo modelo, que regirá el futuro de la vivienda en Andalucía, modifica el acceso a la VPO, que pasa a estar destinadas a las familias con ingresos inferiores en 4,5% el Iprem, un tope que hasta ahora era del 5,5. Quienes tengan menos del 2,5 veces Iprem tendrán un régimen especial, mientras que se establece un sistema de alojamientos protegidos para personas en riesgo de exclusión social debidamente acreditada mediante los servicios sociales de los ayuntamientos.

El plan apuesta por el alquiler, que aún es muy bajo en España, se destinarían «al menos la mitad de las viviendas del parque público a unidades familiares con ingresos hasta una vez el Iprem, y el resto de las viviendas a familias con ingresos hasta 2,5 veces el Iprem». Asimismo, se centra en fomentar la rehabilitación, pues Fomento considera que crea tres veces más empleo que el 'ladrillo' tradicional.

Autoconstrucción

El borrador contempla actuaciones para eliminar la infravivienda: la Consejería financiará el 90% del coste de la intervención hasta un máximo de 30.000 euros por vivienda y los ayuntamientos deberán aportar un mínimo del 10%.

Uno de los aspectos más novedosos es la regulación de la autoconstrucción. Los ayuntamientos, entidades locales o promotores públicos «cederán gratuitamente a los autoconstructores, constituidos en cooperativa, el derecho de superficie del suelo o edificio para su rehabilitación, sobre el que se llevará a cabo la promoción, y asumirán a su costa los impuestos, tasas y gravámenes y arbitrios que graven la promoción, así como el estudio geotécnico», dice el plan. Fomento redactará los proyectos, asumirá la dirección técnica de las obras, podrá entregar ayudas, mientras que los autoconstructores aportarán su propia mano de obra, se agruparán en cooperativa de viviendas a fin de dotarse de personalidad jurídica única y actuarán como promotores y constructores.

Fomento se propone también apostar por las cooperativas de viviendas protegidas y plantea un programa de permutas protegidas de vivienda.

Fuentes de la Consejería de Elena Cortés consideran que es preciso «sacar la política de vivienda de le dependencia del sector financiero» y considerarla «en el ámbito de los derechos humanos». Para Fomento la vivienda no es ya un sector que vaya a crear empleo, con un parque de más de 700.000 viviendas vacías en la comunidad.