La dirección ya solo se ocupa de la subsistencia de sus 'liberados'

ETA sigue siendo una organización armada y clandestina, pero poco más. Dos años después del histórico anuncio de su alto el fuego definitivo, está cada día más «oxidada» a decir de los expertos antiterroristas, y ya solo se centra en la subsistencia de sus 'liberados', el poco más de centenar de activistas repartidos por Europa, América y África que están obligados a vivir siempre escondidos porque aún tienen cuentas pendientes con la justicia española.

Los servicios policiales españoles y franceses coinciden en que desde octubre de 2011, ETA ni hace labores de información ni ha intentado reabastecerse de armas o explosivos. El único aparato que la banda mantiene «engrasado» es el de acogida. Eso sí, solo en Francia y con un presupuesto extremadamente limitado tras el fin de los ingresos por el cobro del 'impuesto revolucionario'.

ETA vive una situación financiera tan delicada que algunos de la treintena de 'liberados' que todavía siguen en Francia vivan casi como indigentes. De hecho, en los últimos meses varios activistas han abandonado el suelo galo con dirección a países europeos como Bélgica o Reino Unido, no tanto por la presión policial como por la imposibilidad de vivir con dignidad sin posibilidades de trabajar.

El núcleo duro, no obstante, continúa en territorio francés. Allí están desde el pasado febrero José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', David Pla e Iratxe Sorzabal los tres jefes de ETA que fueron expulsados por el Gobierno de Noruega después de que fracasaran las conversaciones con mediadores internacionales para que la banda escenificara su desarme unilateral.

ETA se niega a dar ese paso que sigue reclamando con insistenciael Gobierno de Rajoy, pero también la izquierda abertzale y sus propios reclusos, que esperan que la entrega de los arsenales allane el camino, si no a la libertad, sí a mejoras en su situación penitenciaria.

Sin embargo, la cúpula terrorista no quiere desarmarse sin que el Gobierno dé el primer paso. Un gesto, sobre todo con esos presos. Pero el Ejecutivo se mantiene en una postura totalmente firme. En los últimos dos años no ha habido ningún tipo de acercamiento. Es más, los 456 reclusos en cárceles españolas están más dispersos que nunca y solo ocho están en centros del País Vasco o Navarra.

Los servicios antiterroristas, entre tanto, tienen orden taxativa de mantener la presión sobre los últimos miembros de la organización terrorista que mantuvo en jaque al Estado durante cuatro décadas. Solo este año, han sido detenidos 33 presuntos terroristas, 20 de ellos en España. Y eso, explican responsables del Ministerio del Interior, que localizar activistas con una banda que se mantiene en «absoluta inactividad» es una tarea «dificilísima».