Andalucía intenta evitar la trampa de las balanzas fiscales

La publicación de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, prevista para fin de año, pone en guardia a Andalucía. La discutida estadística llega en medio de un clima enrarecido por las reclamaciones de mayor financiación de Cataluña, seguidas luego por Madrid, que han desencadenado movimientos tectónicos en todas las comunidades para elaborar su particular memorial de agravios. En medios políticos andaluces se teme que a nuestra comunidad le toque pagar la fiesta del pacto que acalle al independentismo y que, a todas luces, se está fraguando en la sombra.

El debate se produce además en el marco de la revisión del sistema de financiación , que el Gobierno de Rajoy ha emplazado para mediados de 2014, y ante la cual todas las regiones toman posiciones.

Las balanzas fiscales reflejan la diferencia entre los ingresos tributarios que recibe el Estado de los ciudadanos de cada territorio y el gasto y la inversión que realiza el mismo Estado sobre esos mismos territorios. Así, resulta que los habitantes de unas regiones contribuyen más que los de otras a los gastos comunes del Estado.

El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de dar a conocer estas balanzas fiscales, cuatro años después de que se publicaran las últimas, pretende apoyar la propuesta del PP de nueva financiación para Cataluña, según dijo en el Senado, y demostrar que «no contiene ningún elemento de discriminación positiva para nadie».

En cualquier caso, la vía de entendimiento abierta por Alicia Sánchez -Camacho, la líder del PP catalán, que ha contado con el rechazo de los barones de su partido, es también perjudicial para Andalucía, pues limita la solidaridad interterritorial, al basarse en el llamado «principio de ordinalidad», que viene a significar que ninguna comunidad reciba menos del Gobierno central que otra que aporte menos.

Pero se supone que la publicación de las balanzas fiscales pretende en realidad callar a los nacionalistas catalanes y su «España nos roba». Artur Mas, el presidente de la Generalitat, ha llegado a cuantificar esta semana en 9.376 millones la deuda del Estado con Cataluña, una cifra que ha provocado críticas en sus propias filas, por otra parte muy descompuestas, y su socio de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, la ha rebajado a la menos de la mitad.

Andalucía espera acontecimientos y vigila cualquier movimiento que pueda perjudicarle. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha dicho que se opondrá «con todas sus fuerzas» a que las balanzas fiscales sirvan como «coartada perfecta» para «perjudicar a unos españoles y beneficiar a otros».

Mientras se espera la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el nuevo modelo, la Junta teme negociaciones en la sombra con Cataluña que orillen a Andalucía.

En este sentido, sorprendieron las declaraciones realizadas en el Senado por el anterior presidente de la Junta, José Antonio Griñán, experto en balanzas fiscales y a quien tocó replicarlas en 2009 como consejero de Economía de la Junta. Griñán abandonó su distanciamiento de la actualidad política andaluza para manifestar su indignación por el uso de estos datos para «enfrentar a los españoles», además de cuestionar su validez.

El expresidente, que ya dedicó esfuerzos durante su mandado a posicionarse ante el debate de financiación que se avecinaba, propone que las balanzas fiscales sean sustituidas por balanzas económicas. «Las fiscales están llenas de simplezas, vaguedades y errores malintencionados que dibujan un reparto de ingresos y gastos que no se corresponde con la realidad», declaró a la cadena Ser. A su juicio, esta distorsión daña a Andalucía, que está «claramente perjudicada en el sistema de financiación autonómica».

La posición oficial de la Junta es no oponerse a la publicación de estos datos, pero restarles valor, porque «no aportan nada», dijo el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez. Se trata de un debate «pantanoso» que sólo conduce «al enfrentamiento entre territorios, que únicamente favorece al debate catalán y que no obedece, en cualquier caso, al principio constitucional de igualdad», opina el Ejecutivo andaluz, que destaca el cambio de posición del PP, contrario hasta ahora a estas balanzas.

«Andalucía no teme la publicación de las balanzas fiscales, pues en la última conocida no salía mal parada», indica el portavoz andaluz. La comunidad se encontraba 4 puntos por encima de la media, en la parte inferior de la tabla de las regiones que reciben más de lo que aportan según el saldo del PIB.

Datos cuestionables

Lo que no puede quedar en cuestión, para el Ejecutivo andaluz, es el principio de solidaridad interterritorial, inspirador del mecanismo de financiación y de la propia Constitución. «No se puede perder el sello de la Carta Magna del 78, perseguir la igualdad, hacer que este país nunca converja. Al comienzo de la democracia este era un país muy dual, las diferencias entre territorios eran muy grandes, y tres décadas y media después se ha avanzado hacia el equilibrio».

De ahí las reticencias de la presidenta Díaz, que cree que la publicación de las balanzas fiscales puede ser utilizada para «justificar un trato desigual en función de los territorios» y constituir un «arma disfrazada de falsa tecnocracia para perjudicar a unos españoles y beneficiar a otros».

Además, los datos, y su utilización, son cuestionados por expertos diversos. La última balanza que se conoce fue hecha pública en 2009, pero con datos de 2005. Sobre ellos se ofrecieron hasta seis lecturas diferentes según otros tantos métodos. Su elaboración está a cargo del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda.

Los que más aportan

Los datos hechos públicos en 2009 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, también básicamente para contentar a los nacionalistas catalanes, demostraron que Madrid y Baleares contribuían más que Cataluña al gasto del Estado, porque son las que tienen más renta. En el extremo opuesto, Extremadura y Asturias eran entonces las que más recibían de la Administración central, porque su renta per cápita es más baja.

En conjunto ocho comunidades aportaban más dinero del que recibían. En el extremo opuesto, a las que se otorga más de lo que contribuyen, se situaban las once restantes, incluyendo Ceuta y Melilla.

Sin embargo, estos balances fiscales están llenos de contradicciones, de fallos, incluso de trampas. La propia presidenta andaluza ha hecho ver que «no son las comunidades las que pagan los impuestos, sino los ciudadanos».

«Un andaluz que gane 15, 20 ó 50.000 euros paga igual que un catalán, un valenciano o un balear y tiene derecho a los mismos servicios», explican expertos consultados. Esa es la madre del cordero. No resulta ser tanto un tema de solidaridad entre territorios, que también, sino de igualdad. Y en el fondo de democracia, porque como dice catedrático de Constitucional catalán Francesc de Carreras, la democracia es la igualdad, los tratos diferenciados no son democracia.

«Si en Madrid, Baleares y Catalunya, la renta media, el gasto por habitante y el beneficio empresarial es mayor, el volumen recaudado también lo será. A partir de este hecho, dado que uno de los fundamentos de todo Estado moderno es garantizar la igualdad entre los ciudadanos, es justo e inevitable que los poderes públicos gasten más entre los sectores más desfavorecidos que, normalmente, están concentrados en determinadas zonas y territorios», decía el catedrático catalán.

Aparte está la propia complejidad de la cifra, que hay que tener en cuenta: en las comunidades más ricas están las rentas más altas y se paga más IRPF; se recauda más impuesto de sociedades porque más empresas deciden radicarse en ellas, aunque su actividad se produzca por todo el territorio; hay menos paro y por tanto menos gasto en desempleo.

Tampoco resulta justo que los beneficios de una empresa que opera en todo el país se computen sólo en una comunidad. Es el caso de Madrid, a cuyas cifras cabría contraponer el cálculo del valor que tiene la capitalidad.

Tampoco hay consenso sobre cómo imputar «lo que reciben» las comunidades. Primero, porque las inversiones suelen ser en más de un territorio, por ejemplo en obra pública y son los ciudadanos de más de una comunidad los que se benefician de ellas. Después, porque muchas dependen de decisiones políticas circunstanciales y del nivel de gasto de cada gobierno.

El agravio andaluz

El guirigay de las balanzas fiscales no hace sino contribuir al discurso del agravio, en el que Andalucía también tiene su propio relato. Todos los partidos políticos, incluido el propio PP andaluz, coinciden en que la comunidad está mal financiada. Así lo dijo el secretario general , José Luis Sanz, en réplica al presidente de Madrid, Ignacio González.

Las discrepancias son complejas, pero se basan en parte en el criterio de población, que no corresponde exactamente con el número de habitantes, puesto que se computan de forma diferente por grupos de edad. La Junta requiere el reparto de fondos por población, de acuerdo con estas tablas, y por nivel de competencias.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que si Andalucía hubiese estado en la media de financiación por habitante en el actual sistema se habrían obtenido más recursos, en concreto 1.110 millones más en 2009, 820 millones más en 2010 y otros 870 millones más en 2011.

El agravio comparativo se aprecia en las inversiones. Andalucía recibirá en 2014 por valor de 207,6 euros por habitante, bastante menos de lo que obtienen los castellanoleoneses (549,7 euros por habitante), los gallegos (486,7 euros) o los cántabros (333,1 euros).