El Gobierno deberá pagar la indemnización si cierra Castor

El Gobierno deberá indemnizar a la empresa Escal UGS con 1.700 millones de euros si finalmente se cierra la planta de almacenamiento subterráneo de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón), conocida como proyecto Castor. Una sentencia del Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado en julio de 2012 por la Abogacía del Estado contra el artículo del acuerdo por el que en 2008 se adjudicó el proyecto, que fijaba que si el Ejecutivo ordenaba el desmantelamiento de la planta tendría que pagar el valor de la inversión realizada.

El fallo del Supremo respalda el acuerdo y rechaza que sea contrario a la Ley de Hidrocarburos. Por ello apoya una compensación a la empresa siempre que no haya un desmantelamiento de la instalación. La planta está paralizada desde el pasado 26 de septiembre tras los terremotos que afectaron a las comarcas del norte de Castellón y sur de Tarragona, alguno de los cuales fue sentido por la población.

La pasada semana, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó en el Congreso de los Diputados que habían recurrido este punto por entender que era «una cláusula claramente abusiva para el interés general». En esa misma sesión, Soria cifró el coste del proyecto Castor en 1.700 millones de euros, frente a los 700 iniciales. Por partidas, Escal UGS, la empresa explotadora, ha invertido 1.273 millones de euros en la infraestructura, a los que se suman 186 millones del gas colchón y 234 millones por los costes financieros.

Industria está a la espera de que el comité de expertos dictamine la relación de los seismos con el inicio de la inyección de gas en el almacén. En todo caso, aconsejaron, incluso, no extraer el gas ya almacenado por no saber lo que podría ocurrir.