El Tribunal de Cuentas señala que todos conocían el desfase

¿Cómo es posible que nadie detectara que faltaba dinero del Consistorio de La Isla? Es una de las preguntas que más cuesta asimilar del robo de 7,8 millones de euros de la caja municipal. Más aún tras aclararse en el Tribunal de Cuentas que todos eran consciente de que existía este desfase contable desde hacía años. ¿Tan difícil era de descubrir? ¿Tan sencillo? No son las únicas cuestiones.

Una mirada crítica a las declaraciones realizadas el pasado miércoles en Madrid permite comprender que hubo una serie de circunstancias, más allá de los tecnicismos en los que se intenta enmascarar lo ocurrido, que permitieron que se perdiera el dinero sin que se pusiera remedio. Pero, sobre todo la audiencia pública sirvió para despejar algunas de las incógnitas que arrastran los isleños, aunque también abre nuevas dudas.

¿Por qué hay actas de arqueos que recogen cifras millonarias y otras que solo miles de euros? Lo primero que hay que aclarar es que el Ayuntamiento no cuenta con ningún acta de arqueo. Un acta de arqueo es un documento firmado por el alcalde, interventor y tesorera en el que declaran que estaban presentes al realizarse la cuenta del dinero que hay en caja. No se hizo ni cuando estipula la ley que debe hacerse, cada 31 de diciembre. Para cerrar las cuentas se utilizaba una hoja de arqueo, un papel que recogía el dinero que había en ese día. Agiliza la tarea, pero pierde fiabilidad y va en contra de la Ley.

Pero, esto ocurre porque a veces se ponía lo que realmente había en caja y a veces lo que había en caja más lo que supuestamente había en avales o valores. ¿Y qué son los valores y avales? Son prácticamente lo mismo, papeles que recogen derechos de cobro. Aunque como el Fiscal dijo, «el dinero es dinero y lo otro son papelitos». Es decir que hasta que no se cobran no pueden ser efectivo. Por eso la ley desde 1990 prohíbe que se mezcle en las cuentas el dinero con los valores y avales. Pero hasta más allá del año 2003 en San Fernando se hacía. ¿Por qué? Según el anterior interventor, Rafael Monzón, «por tradición», una «curiosa tradición que duró más una década» a juicio del fiscal. Una vez que se actualizan estos valores y avales más cobros y pagos se descubre que falta dinero.

¿Cómo se descubre? El actual interventor, José Antonio López, aseguró que él ya había notificado a la Cámara de Cuentas la circunstancia del desfase millonario y que le dijeron que informara cuando se aclarase. Ante la proximidad de una auditoría por parte de este ente se puso con la tesorera, Virtudes Gómez, manos a la obra y vieron que era imposible actualizar todos los años, pero que existía una forma más sencilla de detectar si falta dinero o se arrastra un fallo contable: poner la contabilidad a cero. Eso hicieron en marzo de 2009, pusieron la caja a cero desde enero hasta marzo, actualizando ingresos, gastos, recibos y valores y avales de esos tres meses, faltando 480.000 euros y denunciando a los responsables de la caja, Clemente Ruiz y María José Lebrero.

¿No se podría haber hecho antes? Según el Fiscal y el letrado del Ayuntamiento sí, en cualquier momento, desde que se detectó el primer descuadre en las hojas de caja. ¿Por qué no se hizo? Simple y llanamente porque a parte de la caja hay muchas más cuentas, ingresos en bancos, pagos, subvenciones, cajas de organismos autónomos por fiscalizar y una plantilla corta para entretenerse en lo que es un 5% del volumen general del Ayuntamiento, que mueve decenas y hasta cientos de millones de euros. Todos confiaron en lo que se decía, que el dinero que faltaba estaba en valores y avales por cuantificar y así se ahorraron un trabajo que se pretendían ahorrar antes. ¿Cómo? Cerrando la caja y haciendo que los bancos se ocuparan de esta opción. Lo solicitaron en varias ocasiones el interventor y la tesorera, porque además la situación de San Fernando con caja y dos cajeros era anómala para una administración local. ¿Por qué no se cerró? Porque no quisieron los responsables políticos ya que de esta manera tenían dinero directo para dietas, pagos de Servicio Sociales y medicinas a empleados públicos sin tener que pasar por filtros bancarios. Así lo acordaron en pleno, dando la responsabilidad de custodiar los fondos a dos funcionarios.

En definitiva una suma de circunstancias, negligencias, dejaciones de funciones y falta de control que facilitó que se perdiera el dinero. La pregunta que queda por responder es quiénes o quién se lo llevó. Es algo que debe resolver el Juzgado de San Fernando. El único señalado por ahora es Clemente Ruiz.