CC OO admite el «desorden» en la gestión de los ERE pero niega que tuviera financiación ilegal

CC OO reconoce que hubo «desorden en la facturación» de sus servicios de asesoramiento en los ERE pagados por la Junta de Andalucía, pero descartó que, como sostiene la juez del caso, haya habido financiación ilegal o enriquecimiento personal. No obstante, y tras cargar la responsabilidad de la tramitación de las prejubilaciones en la administración autonómica, aceptó también que hay «indicios de comportamientos reprobables».

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y el responsable en Andalucía, Francisco Carbonero, desvelaron el contenido de la investigación interna realizada a raíz de que en marzo Mercedes Alaya señalara que los entornos sindicales se lucraron con 7,6 millones de euros procedentes de las sobrecomisiones que la Junta pagaba a los intermediaros en las pólizas de prejubilación. Es más, no dudó en señalar que los sindicatos eran los «facilitadores» que ofrecían a las empresas las prejubilaciones con financiación pública.

Toxo negó ayer estos extremos e insistió en que CC OO «no ha cometido ninguna ilegalidad y no ha formado parte de ninguna trama» de reparto de comisiones. Recordó que el papel de los sindicatos en la negociación de un ERE es una intervención «especializada» que «tiene un coste», y que «debe ser retribuido», al igual que se paga a las consultoras o a los abogados a los que acuden las empresas.

El líder sindical entonó, no obstante,una autocrítica a medias y reconoció que el «sistema de facturación y los cauces empleados son manifiestamente mejorables».

Pero Toxo cargó el grueso de la responsabilidad en la administración autonómica. «No se puede adjudicar al sindicato el diseño de ayudas que hizo el Gobierno andaluz para atender a las empresas en crisis», subrayó. En este sentido, tildó como «chapuza administrativa» el sistema porque permitió que «aparezcan intrusos que no lo son o pólizas que tenían que estar en un sitio y han estado en otro».