La justicia quiere aclarar las preferentes de Catalunya Banc
La Sala de lo Penal ordena reabrir el caso por haberse cerrado antes de tiempo, pero reprocha a la acusación que no aporte más información
MADRID. Actualizado: GuardarLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Fernando Andreu que reabra las diligencias que incoó hace un año tras recibir una querella de la asociación de usuarios de banca Adicae contra la entidad nacionalizada Catalunya Banc -la segunda mayor de esa comunidad autónoma- y sus antiguos gestores. En concreto, les acusaba de sendos delitos de estafa y apropiación indebida en relación a la comercialización irregular de productos considerados 'tóxicos'.
Entre ellos se encontraban algunos tan polémicos como las participaciones preferentes y la deuda subordinada, además de las cláusulas suelo y los denominados 'swaps (operaciones de permuta financiera normalmente vinculadas a las hipotecas). Unos productos que, según Adicae, se dirigían por parte de la entidad catalana a consumidores «sin formación financiera».
Los magistrados de la Sala de lo Penal, en un auto notificado ayer, aceptan que el archivo inicial del caso fue «prematuro». Estiman que es un hecho «notorio» el «importante» número de usuarios que, «guiados o aconsejados por los comerciales o directores de las sucursales con las que siempre han trabajado», adquirieron ese tipo de productos; para ello -añaden- «entendieron que su contratación les resultaba económicamente favorable», «al parecer», sin haber recibido antes la «oportuna información» sobre los posibles perjuicios.
«Tal realidad -concluyen- obliga a llevar a cabo una serie de diligencias tendentes a esclarecer» si hubo delito. No obstante, la Audiencia también reprocha a la acusación (Adicae) que no haya aportado la documentación precisa «para poder averiguar la realidad denunciada».
Los 53 miembros de los consejos de administración de Catalunya Banc, con el exministro Narcis Serra al frente, están imputados en un juzgado de Barcelona por administración desleal a raíz del cobro de sueldos «desproporcionados». Mientras, la entidad acaba de acordar el cierre de toda su red fuera de Cataluña para 2015.