Los accionistas de Pescanova acusan también al resto del consejo, al auditor y a la banca

El 'caso Pescanova' puede vivir un vuelco en las próximas semanas. Así, al menos, lo pretenden los accionistas minoritarios de la multinacional, buena parte de los cuales ya se han personado como acusación particular. La intención de sus representantes legales es solicitar formalmente en pocos días que se aumente de forma considerable el número de imputados, incluyendo así a todo el consejo de la empresa alimentaria -incluidos los teóricamente enfrentados a su expresidente, Manuel Fernández de Sousa-Faro-, a la firma que viene auditando sus cuentas desde 2002 (BDO) y a parte de la banca acreedora.

Ha sido precisamente la extensa declaración prestada el martes por el principal acusado, Fernández de Sousa, la que ha abierto esa vía al descargar responsabilidades en otros actores que deberán explicarse ante el juez la próxima semana, si bien inicialmente como testigos. La versión del polémico empresario fue ratificada por otros imputados, incluidos uno de sus hijos (Pablo) y el hijo del fundador de Pescanova.

Precisamente este último, Alfonso Paz-Andrade, apuntó ayer directamente al auditor, al afirmar a preguntas del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que si aprobó las cuentas de la compañía hasta 2007 -cuando dejó el órgano de administración- fue porque «confiaba» en el trabajo de BDO, que no había detectado irregularidad alguna. Y añadió, según fuentes jurídicas, que aunque figuró en una etapa como consejero delegado, «nunca» firmó un documento que lo acreditara ni llegó a tener facultades ejecutivas.

En las más de dos horas que duró su declaración, Paz-Andrade se mostró muy crítico con la gestión de Fernández de Sousa, sobre todo con su «arriesgada» inversión en las piscifactorías, un proyecto «aún muy nuevo y con unos tiempos de maduración muy largos». Sostuvo, además, que a diferencia del resto del consejo -incluido el bloque formado por el Grupo Damm y dos fondos de inversión (Luxempart e Iberfomento)-, su relación con el expresidente de la multinacional fue «distante» casi desde el principio.

Respecto a la polémica venta de parte de su participación en Pescanova a principios de 2013 -antes de que el 12 de marzo fuera suspendida de cotización tras desplomarse su valor casi un 20% entre rumores crecientes sobre su abultado agujero financiero-, y por la que obtuvo más de 5,8 millones de euros evitando una pérdida de 3,4 millones respecto a su precio actual, dijo que lo hizo a exigencia de Novacaixagalicia. Según él, la entidad, con la que tenía suscritos dos créditos, le instó a deshacerse de esas acciones para lograr liquidez y cancelar los préstamos.

No obstante, el instructor del caso le acusa a él y Fernández de Sousa de uso de información privilegiada por traspasar paquetes estimables de títulos de Pescanova antes de su debacle pública, en la que quedaron colgados miles de inversores. No fueron los únicos vender, pues algún banco acreedor hizo lo mismo.

Ese es otro de los motivos por los que la principal acusación particular del caso, que ejerce el despacho de Joaquín Yvancos en nombre de la Plataforma de Afectados de Pescanova, solicitará la próxima semana la imputación de algunas de esas entidades -el Banco Sabadell es el principal acreedor-, al sostener que «se beneficiaban de los problemas contables» de la compañía.

Para ello se basa, sobre todo, en la versión de su expresidente, quien sostuvo que el uso de 'factoring' «falsos» y créditos documentarios que simulaban transacciones no reales en Pescanova era «consentido» por los bancos porque «les reportaban importantes beneficios». Además, según Yvancos, actuaban «en connivencia» con el auditor y el consejo.