Los implicados en el desfalco juegan su última carta en el Tribunal de Cuentas

Hoy es la cita clave. Los implicados por el desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal intentarán demostrar en el juicio contable, que ha comenzado hace escasos minutos en el Tribunal de Cuentas, que sus acciones o mejor dicho la ausencia de sus acciones, no facilitaron la desaparición del dinero. Y es que eso es precisamente lo que pretende desentrañar el órgano fiscalizador, la responsabilidad de cada uno de ellos en la falta de controles y los errores que se cometieron, a la hora de no detectar la pérdida constante de grandes cantidades de dinero durante años. La causa penal determinará quién, cómo y para qué se lo llevó. Tras varios aplazamientos, recursos y un periodo para recabar pruebas testificales, llegó el día en el que los exalcaldes andalucistas, tesorera, interventor y excajeros jueguen sus últimas cartas para evitar una resolución con posibles sanciones administrativas, inhabilitaciones y por supuesto requerimientos económicos para recuperar parte de lo sustraído.

Hoy volverán a verse las caras y a interrogarse por lo sucedido los dos últimos alcaldes de la ciudad, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, ambos del Partido Andalucista, el anterior interventor Rafael Monzón, el actual interventor José Antonio López, la tesorera María Virtudes Gómez, y los dos excajeros Clemente Ruiz y María José Lebrero. Todos ellos tienen que hacer frente tanto a la propuesta de resolución realizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía, como a la demanda del Ayuntamiento, que ha sido ratificada por la Fiscalía.

Directos y subsidiarios

En el primer supuesto se considera responsables directos a los dos excajeros, a los que se le reclaman la devolución de los 7,8 millones de euros más intereses, ascendiendo la cantidad a unos 9,4 millones de euros. El resto serían subsidiarios, es decir tendrían que hacer frente a esta cantidad si los primeros no pueden, a todos por igual.

La demanda del Ayuntamiento hace una diferenciación tanto por tiempo como por cargo de los implicados. Entiende el Consistorio que los dos cajeros municipales imputados son los supuestos responsables. Esto quiere decir que tanto a Clemente Ruiz como a María José Lebrero, dada su supuesta responsabilidad directa y completa, se les obliga a responder de la cantidad sustraída de las arcas municipales, ya sea de manera individual o mancomunada.

En el supuesto caso de que ambas personas sobre las que se dirige la demanda del Ayuntamiento no pudieran hacer frente a la exigencia de devolver el dinero, la Ley impone la figura del responsable subsidiario con el único objetivo de que una actuación ilícita no quede impune y se restituya el daño realizado.

La responsabilidad indirecta recaería sobre aquellos técnicos que, «aún sin tener ninguna responsabilidad penal en la desaparición del dinero», si pudieran incurrir en responsabilidad patrimonial a la vista de la existencia de «fallos de los mecanismos de control de la Caja» tal y como determinan los informes de la investigación.

La petición de responsabilidad en este caso es proporcionada tanto al tiempo como a la función administrativa encomendada a cada uno de ellos. De esta manera a Rafael Monzón (anterior interventor) le corresponden restituir unos 61.000 euros, a José Antonio López (actual interventor) unos 105.847 euros, a María Virtudes Gómez (actual tesorera) 39.392 y tanto a Antonio Moreno como a Manuel María d Bernardo (ejercieron como alcaldes) unos 39.000 euros cada uno.

La duda está en si quedará listo para resolución o si tendrán que volver a citarse otro día para completar la sesión, sobre todo para que las partes presenten las conclusiones, puesto que se trata de un caso con un expediente de miles de folios, con multitud de pruebas testificales y varios implicados.

Todo ello cuando existe un proceso judicial abierto que sigue sin dar novedades sobre uno de los mayores robos en una caja municipal. Una investigación que señala al cajero como presunto autor material de los hechos, motivo por el que fue ingresado en prisión provisional, hasta lograr la libertad con fianza. María José Lebrero sigue imputada pero no ha pasado por prisión. Hace poco la Fiscalía solicitó la imputación de la familia de origen marroquí cercana a Clemente, algo que aún no se ha ejecutado.

Sigue formando parte de la Corporación municipal y durante todo su mandato al frente del Ayuntamiento se perdieron más de cinco millones de euros de la arcas municipales.

Supuestamente en sus últimos años al mando del Consistorio comenzó a desaparecer el dinero. Al marcharse ya faltaban más de 1,2 millones de euros, sin ninguna justificación.

Antes era el tesorero y luego pasó a ser interventor, función que sigue cumpliendo a pesar de que se le reclama por parte del Consistorio más de 105.00 euros ante la falta de control.