La Generalitat cuantifica el agravio del Estado con Cataluña en 9.375 millones

La Generalitat catalana cifró ayer en 9.375 millones de euros la deuda del Estado con Cataluña por la «deslealtad institucional» en la que, a su juicio, han incurrido durante décadas los diferentes gobiernos centrales. Esta cifra, consecuencia de incumplimientos «crónicos» del Estado con la comunidad, deja a los catalanes, según el Ejecutivo de Artur Mas, en situación de «sufrimiento» y de «discriminación» respecto a los demás españoles, por lo que, a su entender, se está «vulnerando el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos por el simple hecho de vivir en el lugar donde lo hacen».

El Ejecutivo catalán desglosa el importe en 5.748 millones que son deudas pendientes en infraestructuras, aunque el Constitucional dijo que las inversiones que contempla la disposición adicional tercera del Estatut no son de obligado cumplimiento; 672 millones correspondientes a la reducción de ingresos finalistas procedentes del Estado; 1.715, fruto de medidas que ha tomado el Gobierno central y que suponen un incremento del gasto por parte de la Generalitat; y 1.239 millones, como resultado de decisiones estatales que implican una reducción de los ingresos del Gobierno autonómico. En total, 9.375 millones de deuda que el Ejecutivo de Artur Mas integra en un listado llamado «deslealtades del Estado con respecto a Cataluña» que ha elaborado para denunciar los «agravios, impagos e injusticias» que el Gobierno central somete a Cataluña.

Además de las económicas, la Generalitat acusa al Estado de deslealtad institucional con la lengua, la educación y la cultura y pone como ejemplos que los organismos estatales no hayan tenido voluntad en reconocer la diversidad lingüística en las Cortes o el Parlamento Europeo o la llamada ley Wert. El memorial de agravios censura también la «paralización» de las relaciones bilaterales Estado-Generalitat, así como el incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional en materia de becas o de gestión del 0,7% del IRPF, y la negativa a negociar traspasos que prevé el Estatut.

La Generalitat se queja además de que la administración central se ha opuesto a cualquier intento por parte catalana de modificar el estatus político de Cataluña, véase, dice el documento, la sentencia del Constitucional sobre el Estatut o el recurso contra la declaración soberanista del Parlament.

La lista de agravios no solo es de consumo interno, para reafirmarse en la idea del «España nos roba» o en la «solos nos iría mejor» y cargarse de razones para autojustificarse en el proceso independentista, sino que sienta las bases de la negociación que Mas y Rajoy llevan semanas anunciando, pero que no acaba de producirse, o al menos ninguna de las dos partes reconoce que se haya iniciado ya.

Guiños para el Gobierno

Artur Mas, que instó ayer al presidente del Gobierno a sentarse de una vez en la mesa y negociar con Cataluña, cuenta con una herramienta más con la que presionar a la Moncloa, que pretende contrarrestar el debate sobre lo perjudicada que sale Cataluña por el déficit fiscal con la publicación de las balanzas fiscales.

Aunque Mas respondió a Rajoy que lo que está «en juego no es un cambio de cromos», en línea con lo que lleva meses diciendo de que la cuestión catalana no solo se resuelve con dinero, el informe de deslealtades fija algunos parámetros para los contactos entre ambos ejecutivos, guiños que el Gobierno central debería hacer para que la Generalitat se tome en serio su compromiso de diálogo. Por de pronto, en la controversia sobre el nuevo modelo de financiación en la que se han enfrascado los barones del PP, el listado de agravios pone sobre la mesa que el actual sistema no respeta la ordinalidad, ya que Cataluña pasa de la tercera posición en recaudación tributaria a la décima en recursos per cápita, diagnóstico que comparte la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que ha propuesto limitar la solidaridad y el principio de ordinalidad.

En cualquier caso, Mas dejó claro que el punto central de la negociación sigue siendo la consulta y que un nuevo modelo de financiación que le satisfaga no le hará dar marcha atrás en su intención de celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña el año que viene. El presidente catalán pidió además a Rajoy que no se deje llevar por la «beligerancia» y la «intransigencia» de un sector de su partido, encabezado por José María Aznar, que reclama «poner fin al desfalco de soberanía nacional».

Desde el PP, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, recomendó a Mas que pida cuentas sobre el sistema de financiación a PSOE y ERC, «que fueron los que pactaron el actual modelo». IU también censuró las palabras del presidente catalán y le instó a que se preocupe de que «el dinero no se lo lleve la banca».