Alaya declara responsables subsidiarios a los sindicatos

Los sindicatos UGT y CC OO son «responsables civiles subsidiarios» de los afiliados detenidos la pasada semana por su implicación en el escándalo de corrupción de los ERE, según apuntó la juez Mercedes Alaya al fijar las fianzas civiles de los imputados. De esta manera, la instructora vuelve a señalar directamente a ambas organizaciones y las considera responsables de la actuación de los sindicalistas detenidos, por lo que deberán pagar la fianza de estos si ellos no pudieran.

El papel de los sindicatos y su posible financiación irregular a través de la tramitación de las prejubilaciones está de nuevo en cuestión a raíz de las declaraciones del dirigente de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y especialmente del exsecretario general de Desarrollo Industrial de CC OO en Andalucía, Roberto Carmona, ambos detenidos en el marco de la 'operación Heracles II'. Según la juez Alaya, exigieron dinero a las mediadoras que tramitaban los expedientes de regulación de empleo en concepto de viajes y manifestaciones con motivo del ERE en la empresa Faja Pirítica de Huelva a sabiendas de que los fondos procedían de las arcas públicas y sin que «ninguno de esos conceptos correspondiera a gastos necesarios soportados realmente». Las mediadoras aceptaban porque los sindicatos eran los que «facilitaban» el proceso y por tanto dependía de ellos para participar del negocio. En consecuencia, según Alaya,«conocían las consecuencias en caso contrario».

En algunas ocasiones, como en el caso de Delphi, los sindicatos llegaron a cobrar «doblemente» a través de las federaciones estatal y regional. Y no solo eso. Además, se trató de comisiones por encima de la media y «altísimas», prosigue la juez, de hasta el 35% del total. Así, entre una veintena de expedientes, las comisiones que se embolsaron las mediadoras, sindicatos y bufetes de abogados que asesoraban ascendió a 12 millones de euros, según consta en el atestado de la Guardia Civil.

Con estos argumentos, Alaya impuso una fianza civil de 251.041 euros al dirigente de UGT en Cádiz, cantidad que se corresponde con la comisión de 188.762,90 euros que reclamó a la consultora Uniter más el tercio legal correspondiente. Respecto al miembro de CC OO, fijó la fianza civil en 471.352 euros, derivados de los 354.400 euros pagados al sindicato por Uniter y el bufete Estudios Jurídicos Villasís más el tercio correspondiente.