Imputada toda la comisión ejecutiva de Caja Castilla-La Mancha

Tras tres años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha llegado a la conclusión de que toda la antigua comisión ejecutiva de Caja Castilla-La Mancha (CCM), la primera entidad financiera española que tuvo que ser nacionalizada en esta crisis, conocía las irregularidades que en ella se estaban cometiendo y al frente de las cuales estaría presuntamente su expresidente, Juan Pedro Hernández Moltó. Precisamente el que fuera antes alto cargo socialista en esa comunidad era el único imputado hasta ahora en las diligencias abiertas en diciembre de 2010 por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz a raíz de una querella del PP.

Ahora, tras asumir como suya la tesis del Ministerio Público, el instructor ha imputado por un delito societario de administración fraudulenta a los otros siete exmiembros de esa comisión, desde el secretario -José Fernando Sánchez Bódalo- hasta sus seis vocales -Federico Rodríguez Morata (exvicepresidente), Tomás Martín-Peñato (antecesor de Hernández Moltó), Florencio Hernández Gutiérrez, José María Fresneda, Emilio Sanz Sánchez y Carlos Jiménez Morante-, propuestos por PSOE y PP. Todos ellos ya fueron sancionados meses atrás por el Banco de España, con multas de entre 5.000 y 155.000 euros e inhabilitación para cargos financieros por cinco años.

El juez les ha citado a declarar los próximos 20 y 21 de noviembre, y tras su comparecencia decidirá si les impone alguna medida cautelar, fundamentalmente una fianza para cubrir posibles responsabilidades civiles. En la causa también está como querellado el exdirector general de CCM, Ildefonso Ortega.

En su auto, conocido ayer, Ruz considera que el papel de esos siete consejeros en la gestión irregular de la caja de ahorros entre julio de 2007 y marzo de 2009 no fue precisamente simbólico ni formal, al ser también «administradores de hecho de la sociedad». Por ello, sostiene que «de igual manera» que Hernández Moltó «habrían participado en la toma de decisiones colegiadas sobre las distintas operaciones» investigadas -créditos injustificados y transferencias-, «que habrían derivado en el ulterior perjuicio patrimonial para» CCM.

Un agujero de 267 millones

Un daño que podría alcanzar los 267 millones de euros, cifra en la que el Banco de España cuantificó el agujero final de la caja y que obligó al Ejecutivo a rescatarla en marzo de 2009. En aquel decreto gubernamental se avalaba con hasta 9.000 millones de euros de dinero público las necesidades de liquidez que tuviera la entidad, cuyo declive era conocido desde hace meses y por eso se trató de forzar su fusión con Unicaja.

CCM, previo saneamiento con ayudas públicas, fue sacada luego a subasta, que se adjudicó Cajastur, ahora integrada en el grupo bancario Liberbank. Por ello, el juez ha dado traslado a sus responsables para que puedan personarse como perjudicados. No obstante, también les da un ultimátum para que en plazo «improrrogable» de cinco días le remitan una documentación que ya les requirió en marzo de 2012, y que es clave para los peritos.