El expresidente de Pescanova descarga culpas en la banca y el auditor

El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, recurrió ayer a la conocida estrategia del ventilador para descargar culpas en otros actores del caso, fundamentalmente la banca acreedora y los auditores. Y es que según su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, unos y otros conocían, incluso en algunos casos con detalle, «la verdadera realidad» de las cuentas de la multinacional.

Según fuentes jurídicas, Fernández de Sousa, el principal acusado en el caso, trató de hacer ver desde el inicio de su larga declaración -más de siete horas se prolongó su interrogatorio, con largas respuestas y algunas evasivas, aunque no quiso responder a las preguntas de las acusaciones particulares pese a que la mayoría representan a grupos de pequeños inversores- que lo que ocurría en Pescanova no era un secreto, al menos no para algunos actores importantes. En primer lugar, para los propios miembros del consejo, que fueron aprobando todos los informes contables que se les presentaban hasta que el pasado marzo surgieron las primeras divergencias, versión ratificada luego por su hijo Pablo, al declarar como imputado.

Entre esos consejeros se encontraban parte de los actuales responsables de la compañía, como los representantes de la cervecera Damm, la sociedad Iberfomento y dos fondos de inversión, Luxempart y Cartesian. No obstante, desde que en abril fuera declarado el concurso de Pescanova por los juzgados de Pontevedra carecen de poderes ejecutivos, que ejerce la firma Deloitte a instancias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Otro elemento importante de este puzle que, según Fernández de Sousa, conocía que la situación real de la compañía no era la que mostraban sus números oficiales es la auditora BDO. Encargada de revisar las cuentas anuales de Pescanova desde 2002, nunca puso salvedades de peso a las mismas, lo que sí hizo su antecesora en esa función, Ernst&Young. El expresidente de la compañía alimentaria incidió en ese punto, es decir, que nunca denunciara irregularidades, para avalar que aunque se cometieron «errores» y se tomaron «decisiones indebidas», en ningún momento fue consciente de incurrir en un delito (se le acusa de falsificar las cuentas y sacar provecho de ello).

Sin apenas autocrítica

«No hemos funcionado bien, es algo que no debió pasar», fue su única autocrítica ante las reiteradas preguntas del juez sobre cómo se formó el 'globo' actual de Pescanova, que duplicó con creces su deuda en apenas un año -desde los 1.522 millones de euros con que cerró 2012 a los 3.641 millones que tenía a mediados de 2013, según el informe presentado en septiembre por el administrador concursal-, tras entrar en pérdidas millonarias los dos últimos años (29,1 millones el último) y soportar un agujero patrimonial de 1.667 millones que hace difícilmente viable la empresa en sus términos actuales.

Pese a ello, Fernández de Sousa, que negó haber tratado de evadir capitales al extranjero -una transferencia a Hong Kong que el juez paralizó era, según él, para abrir un depósito allí a un interés mucho más rentable (12%) que en España- sostuvo que Pescanova es viable porque «el precio del pescado volverá a subir». Sin embargo, la consultora PwC -encargada de elaborar el informe de viabilidad de la compañía- propone que los acreedores acepten una quita del 75%, lo que dejaría la deuda final por debajo de los 900 millones.

La banca, que rechaza esa posibilidad, fue el tercer actor acusado por el expresidente de Pescanova. Según su versión, le concedieron créditos a corto plazo sin exigir garantías porque «veían claro el negocio» del 'factoring', es decir, hacerse cargo del cobro de facturas -que luego se denunciaron como falsas- a cambio de jugosas comisiones y un porcentaje extra. «Ganaban mucho dinero con nosotros y no dijeron nada», concluyó.