Decretada la responsabilidad subsidiaria de UGT y CCOO

La jueza Mercedes Alaya ha impuesto una fianza civil de 251.041 euros al dirigente de UGT Salvador Mera y de 471.352 euros al de CCOO Roberto Carmona, y ha decretado la responsabilidad subsidiaria de sus sindicatos en el caso de los ERE fraudulentos. Los dos imputados no podrán salir de España, de modo que deberán depositar sus pasaportes, y tendrán presentarse en el juzgado dos veces al mes.

Para fijar la fianza de responsabilidad civil, la jueza se basa en la presunta petición que hicieron al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, durante las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, a pesar de que no se basaban en gastos reales y que Uniter pagó porque «facilitaba» el proceso. Los sindicalistas llegaron al acuerdo de que cada uno cobraría 180.000 euros, aunque según las cantidades realmente percibidas, incrementadas en el tercio que prevé la ley, la fianza civil queda fijada en 251.041 euros para UGT y 471.352 para CCOO.

Alaya establece que UGT y CCOO cobraron de Uniter, de acuerdo con lo investigado hasta ahora, 3.253.031 euros, y de la mediadora Vitalia, 4.251.384 euros a lo largo de la década pasada, lo que hace un total de 7.648.815 euros, según consta en el auto. Dice que a veces estas comisiones, incluso de hasta del 200% sobre la media del mercado, a veces hasta «se cobraban doblemente, en Madrid y Andalucía», y cita el caso de CCOO en la empresa Delphi.