Estrasburgo quiere fallar sobre la 'doctrina Parot' la próxima semana

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pisa el acelerador. La Gran Sala, según diversas fuentes, tiene intención de hacer pública la próxima semana la resolución sobre el recurso presentado por España contra la sentencia de la corte europea que en julio de 2012 declaró ilegal el alargamiento del encarcelamiento de la etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de prisión por 23 asesinatos, a través de la aplicación de la doctrina Parot. Según fuentes del Ejecutivo, que insisten en que desconocen el sentido del fallo aunque no son optimistas, la resolución podría hacerse pública incluso el lunes 21 de octubre.

La Fiscalía, en cualquier caso, se prepara para el más negativo de los escenarios, el de que la Gran Sala confirme la resolución de la sección y reitere que España ha vulnerado con la 'doctrina Parot' la Convención Europea de Derechos Humanos por haber pospuesto de 2008 a 2017 la excarcelación de la exmiembro del 'comando Madrid' Inés del Río Prada. El máximo responsable del Ministerio Público, Eduardo Torres-Dulce, explicó ayer que su departamento, una vez conocido el fallo, «examinará en cada caso concreto» los efectos que la resolución pueda tener sobre los presos a los que se ha aplicado la doctrina. Torres-Dulce admitió que si la corte da la razón a la etarra, España, como firmante de la convención, por «lógica» debería aplicar «la doctrina que emane de esa sentencia».

No obstante, se mostró cauto a la espera de conocer los «términos» concretos de la sentencia y, sobre todo, de saber si Estrasburgo «establece alguna categoría de carácter general», más allá de pronunciarse sobre el caso concreto de Inés del Río. En cualquier caso, ya anticipó una tesis que también ha hecho suya el Gobierno a través de la Abogacía del Estado y los tres tribunales concernidos por la doctrina, la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional: el recurso que examina el Tribunal de Derechos Humanos exclusivamente afecta a la situación de Del Río y, en modo alguno, implica «la anulación de la 'doctrina Parot'» en sí. Según el fiscal general lo que sí podría vetar Estrasburgo es si esa doctrina podía «aplicarse retroactivamente a ejecuciones de penas ya fijadas» en un futuro.

Pase lo que pase

Según insistieron ayer diferentes fuentes judiciales, pase lo que pase la semana que viene en Estrasburgo, ni el Supremo ni el Constitucional, que el año pasado avaló esa doctrina, van a anular sus resoluciones. Tampoco, de acuerdo con fuentes del Supremo, va a suponer la revisión automática de la situación de los terroristas que cumplen condena en virtud de un fallo suyo, que en 2006 fijó que para la rebaja de los beneficios penitenciarios se calculará individualmente cada una de las penas y no sobre el límite máximo de estancia en prisión de 30 años. Eso sí, en la Audiencia Nacional esperan una avalancha de peticiones de nulidad si la corte europea resuelve en contra de España. Al final serán el Supremo o el Constitucional, y siempre caso por caso, los que decidan si ejecutan los fallos de la corte europea y solo cuando estos sean firmes, como lo será el de Inés del Río probablemente la próxima semana. Estrasburgo, insisten las fuentes consultadas, no es «un tribunal de tercera instancia» ni existen mecanismos que prevean la incorporación automática de sus resoluciones, que son «sentencias declarativas» y «sin eficacia directa».

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que el «Gobierno y el Partido Popular consideran que la 'doctrina Parot' ha sido absolutamente fundamental y un instrumento fundamental para la lucha antiterrorista» y garantizó que su partido «luchará por su mantenimiento».