El Gobierno ultima la ampliación de la licencia exprés a comercios grandes

El Gobierno ultima una reforma legal para extender la llamada licencia exprés de apertura de comercios a los establecimientos con una superficie de más de 500 metros cuadrados, que ahora tienen vedado el acceso a este mecanismo que elimina trabas burocráticas y agiliza el proceso. Durante el acto de clausura de la asamblea anual de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, anunció que el límite establecido hace algo más de un año por la Ley de Emprendedores tiene los días contados.

La licencia exprés, que en puridad consiste en sustituir la antigua obligación de solicitar una licencia previa de apertura al ayuntamiento por una declaración responsable y un informe técnico que certifique el cumplimiento de todos los requisitos legales, está en vigor desde mayo de 2012. En aquella fecha la ley fijó en 300 metros de superficie el límite para que los comerciantes pudieran acogerse, pero en septiembre pasado este beneficio se amplió junto con el listado de actividades que podían acogerse a él. La Secretaría de Estado de Comercio sostiene que desde que entró en vigor esta reforma (mayo de 2012) y hasta diciembre de ese año en España se crearon casi 7.000 nuevos establecimientos comerciales. De ahí su determinanción por abrir más la mano.

García-Legaz explicó que su departamento está «ultimando» los cambios legales precisos «para extender más allá de los 500 metros cuadrados el régimen de la licencia exprés ahora que llega la recuperación y que se va a producir un incremento de la demanda y del consumo». Aunque el secretario de Estado rechazó desvelar cuál será el próximo límite (o si lo habrá), su ampliacíon supondrá, en la práctica, dar carta blanca para abrir comercios grandes sin necesidad de solicitar permisos previos en todas las ciudades y municipios de España. «Estamos estudiando el número de establecimientos y la capacidad de los ayuntamientos para tramitarlo. En las próximas semanas podremos determinarlo», afirmó.

«Impuesto revolucionario»

Hoy la apertura de grandes superficies está limitada en algunas comunidades autónomas. Incluso hay cinco regiones (Cataluña, Navarra, Asturias, La Rioja, Aragón y Canarias) que han creado tasas específicas que gravan la actividad de las grandes empresas de distribución presentes en sus límites geográficos. Se trata de gravámenes que oscilan entre los 12 y los 17,42 euros por metro cuadrado y que pagan cada año todos los locales de más de 2.500 metros (salvo en Canarias y Aragón, donde se aplican a locales de más de 500 y 2.000 metros, respectivamente).

Unas cargas fiscales que las autonomías presentan como tasas 'verdes' o de tipo medioambiental pero que para el presidente de Anged, Alfonso Merry del Val, constituyen un «impuesto revolucionario» que absorbe «el 36% del beneficio anual» que generan las grandes superficies en los territorios afectados. Además, el hecho de que afecten sólo a las empresas cuyos locales superan un número determinado de metros cuadrados supone una desventaja competitiva, pues permite a algunas grandes distribuidoras o grandes cadenas que utilizan tiendas de formato más pequeño eludir el pago. Fuentes de Anged aseguran, en ese sentido, que en Cataluña tres de sus empresas asociadas, Carrefour, Alcampo y El Corte Inglés, pagan más del 60% del impuesto pese a sumar juntas el 15% de la superficie comercial. Otros operadores igual de potentes como Dia, Mercadona o los comercios del grupo Inditex no estarían sujetos a este tributo por vender en tiendas más pequeñas.

Anged aprovechó su asamblea anual para reiterar su petición de mayor flexibilidad horaria en materia de aperturas. Para esta asociación el ejemplo a imitar es la Comunidad de Madrid, donde -aseguran- se han creado 26.700 puestos de trabajo y han crecido un 18% las ventas a turistas extranjeros gracias a la liberalización. Según la memoria de Anged, en 2012 sus empresas vieron caer su facturación un 4,9%, hasta los 36.978 millones, por el bajón del consumo. Estos comercios redujeron sus plantillas en 8.804 personas (un 3,9%), lo que situó su personal en 218.006 trabajadores. En 2014 las grandes empresas de distribución prevén «mantener» los niveles actuales de empleo.