Alaya archiva la causa en la que estaban imputados los hermanos de Báñez

La jueza Mercedes Alaya ha archivado la causa contra seis empresarios que pujaron por la compra de los suelos de Mercasevilla, entre ellos los hermanos de la ministra Fátima Báñez. Dos de los tres delitos que se les imputaban prescribieron, por haber sido cometidos antes de 2006, pues en febrero de ese año se firmó la venta presuntamente fraudulenta.

La causa llevaba instruyéndose desde 2009 y los delitos prescriben a los cinco años.

La decisión se esperaba desde que la Fiscalía sevillana, a consulta de la propia Alaya, apoyara el archivo, ya que entendía que no se les puede aplicar la prevaricación y los delitos de maquinación y fraude y exacciones ilegales están prescritos.

En su nuevo auto, Mercedes Alaya considera «extinguida la responsabilidad criminal» respecto a los empresarios imputados. Sin embargo, no levanta el procesamiento del exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet, a efectos del delito de prevaricación, porque era funcionario pública.

El archivo afecta a Juan Nicolás y Eduardo Báñez, hermanos de la ministra e Empleo, Fátima Báñez , como responsables de la empresa Juan de Robles; a Ignacio Bayón, de Realia; Bárbara Gutiérrez-Maturana, presidenta de Azucarera Larios; y a Martín Sánchez-Ramade y su hijo, de EDAMAR.

Los hermanos de la ministra de Empleo, declararon en junio pasado ante Alaya que se presentaron al concurso de los suelos de Mercasevilla por el importe mínimo y por explorar la posibilidad del negocio.

La juez explica que «no sería predicable el tipo de la prevaricación por 'extraneus'» o sujeto externo para estos empresarios, como ahora solicita el ministerio fiscal al respaldar el recurso de uno de ellos.

Los empresarios fueron imputados por acudir al concurso público para la venta de los terrenos de la lonja sevillana «con la presunta aviesa intención junto a ésta y Sanma» de fijar artificialmente un precio y que la inmobiliaria Sanma fuese la ganadora, recuerda el auto.

En esta rama del caso Mercasevilla la jueza investiga lo que ha denominado «adjudicación fraudulenta» de los terrenos a la inmobiliaria Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga. Los empresarios, que declararon en junio como imputados, elevaron a 24 las personas acusadas en este sumario, entre ellas el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU).

Críticas a la Fiscalía

Alaya aprovecha el auto para reprochar al fiscal el retraso en la causa, que considera motivado por su actitud. Fiscalía ya había advertido, a su vez, del riesgo de prescripción de delitos en las causas de la jueza.

La magistrada dice que tuvo que tomar declaración a estos seis empresarios «considerando que el Ministerio Fiscal manejaba también el tipo de prevaricación en su condición de extraneus, al igual que con Sanma, perspectiva de la que ahora se aparta».

La jueza afirma que se trata de «incidente que no es de agrado en una instrucción judicial tan medida y cuidada como ésta, encaminada a la incoación de sumario, donde como bien sabe el Ministerio Fiscal cada posible imputado nuevo se valoraba extremadamente».

«A todo lo anterior hay que añadirle las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusión mediática», dice Alaya, que vuelve así a demostrar su sensibilidad por la trascendencia de los casos que instruye en los medios informativos, en especial el de los ERE falsos.

Alaya da traslado de su auto a Romero González, presidente de PRASA, y Gutiérrez Maturana, que tenían presentados sendos recursos, para que manifiesten si desisten.