El miércoles se celebra el juicio contable por el desfalco en San Fernando

Ya no hay más moratorias, ni aplazamientos. El juicio contable por la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal tendrá lugar el próximo miércoles en el Tribunal de Cuentas de Madrid. Un proceso que hay que recordar que no determinará quiénes son los culpables de llevarse el dinero, sino el grado de responsabilidad a la hora de impedir que esto ocurriera. No habrá sentencia con cárcel, pero sí sanciones administrativas, posibles inhabilitaciones, a la hora de ejercer funciones públicas, y requerimientos económicos.

Aunque lo que los isleños esperan es que se arroje un poco de luz sobre los procesos de control en la Delegación de Hacienda y saber si se hacían, o si no, si hubo exceso de confianza, si se firmaron papeles que exponían los desbarajustes en las cifras y no se hicieron caso, si todos conocían lo que pasaba pero nadie se interesó realmente por ello, y por supuesto en qué medida cada miembro de la Administración local es responsable de lo ocurrido.

Son las incógnitas que se resolverán a partir del miércoles, porque se prevé que el proceso se alargue. Principalmente por el poco tiempo que los implicados contarán con los documentos necesarios para preparar sus defensas. Ya se han concluido todas las pruebas periciales y testificaciones que se solicitaron, pero no ha sido hasta finales de la semana pasada cuando los letrados han tenido acceso a ellos. Por lo que lo más probable es que el miércoles se realice una vista oral en la que cada parte interrogue a las demás, así como para que el fiscal del Estado realice sus propias apreciaciones al proceso, para que otro día los abogados expongan las conclusiones, tanto de lo ocurrido en ese día como de toda la documentación con la que se cuenta. De esta manera quedará visto para la resolución. Será el primer fallo que se tenga del desfalco que se produjo en el año 2009. Más de cuatro años han tenido que pasar para que legalmente se resuelvan las responsabilidades.

Si bien hay que recordar que este proceso es ajeno a la vía penal que instruyen los juzgados de San Fernando. En este caso ya se cumplen varios años de paralización y sin grandes novedades. En él sí se pretende descubrir quién se llevó el dinero y cómo, con penas de cárcel por el delito de malversación de caudales públicos. Los imputados continúan siendo los mismos, los que eran entonces los dos cajeros municipales, Clemente Ruiz y María José Lebrero. Hace poco salió a la luz pública que la Fiscalía iba a solicitar la imputación de la familia de origen marroquí que tenía una estrecha relación de amistad con Clemente, sin que se haya dado paso alguno, por el momento.

Lo que se pide

Existen dos peticiones sobre la mesa para resolver el proceso contable. La de la Cámara de Cuentas de Andalucía reclama los 7,8 millones de euros más intereses (con lo que se eleva la cifra a más de nueve millones) a los dos cajeros. Sin embargo considera subsidiario al resto que debería hacer frente a esta cantidad si los primeros no pueden. La demanda del Ayuntamiento está ratificada por la Fiscalía y pide que tanto a Clemente Ruiz como a María José Lebrero, dada su supuesta responsabilidad directa y completa, se les obligue a responder de la cantidad sustraída de las arcas municipales, ya sea de manera individual o mancomunada.

La responsabilidad indirecta recaería sobre aquellos técnicos que, «aún sin tener ninguna responsabilidad penal en la desaparición del dinero», si pudieran incurrir en responsabilidad patrimonial a la vista de la existencia de «fallos de los mecanismos de control de la Caja» tal y como determinan los informes de la investigación. La petición de responsabilidad en este caso es proporcionada tanto al tiempo como a la función administrativa encomendada a cada uno. De esta manera a Rafael Monzón (anterior interventor) le corresponden restituir unos 61.000 euros, a José Antonio López (actual interventor) unos 105.847 euros, a María Virtudes Gómez (actual tesorera) 39.392 y tanto a Antonio Moreno como a Manuel María de Bernardo (ejercieron como alcaldes) unos 39.000 euros cada uno.