Rajoy no será testigo en el 'caso Bárcenas'

Mariano Rajoy no será interrogado como testigo en el 'caso Bárcenas'. El juez Pablo Ruz paró ayer en seco la tentativa de las acusaciones de hacer desfilar por la Audiencia Nacional al presidente del Gobierno para responder preguntas sobre la supuesta contabilidad B en el PP. La tesis central del instructor para rechazar la petición de la acusación de abogados progresistas Adade es que ve tras esta diligencia una intencionalidad política ajena a una investigación que, además, no quiere que se alargue 'sine die'.

Ruz dice que detrás de la petición para que Rajoy atraviese la puerta de la Audiencia Nacional se «adivina» un «interés extraprocesal» que carece de «legitimidad» en la «tramitación de un procedimiento penal». Y ello, argumenta el magistrado, porque las acusaciones populares no han logrado justificar la necesidad de que Rajoy declare como testigo. Para Ruz, no existen «elementos de convicción suficientes que determinen la idoneidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad» para llamar a declarar al jefe del Ejecutivo, quien ocupó la secretaría general del PP entre septiembre de 2003 y octubre de 2004 y que aparece en los papeles manuscritos de Luis Bárcenas como supuesto receptor de 322.000 euros en sobresueldos.

El juez emplea los mismos argumentos para negar la petición de que fueran interrogados, también como testigos, los exministros y exdirigentes del PP Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, Ángel Acebes y José Manuel Romay, quienes también aparecen citados en los polémicos asientos contables elaborados por el extesorero hoy en prisión. Ruz explica que esa parte testifical sobre el sistema de donaciones en el PP durante los años a los que se refieren los 'papeles de Bárcenas' la considera ya cubierta con los interrogatorios de los tres secretarios generales que declararon el pasado agosto María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos.

No más desfiles

Pero la negativa de Ruz a abrir un nuevo desfile de testigos va más allá. El juez, que quiere encarar cuanto ante la fase final de la instrucción de esta pieza separada del 'caso Gürtel', también rechaza citar a otra veintena de personas reclamadas por las diferentes acusaciones, tales como el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa; la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez; el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro; el asesor de Rajoy Pedro Arriola; el expresidente balear Jaume Matas; el gerente del PP en Galicia entre 1990 y 1996, Ángel Piñeiro; o el opositor ecuatoguineano Severo Moto.

«El derecho a la prueba no comprende un derecho de llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada», argumenta el juez, quien asegura asimismo que «no hay necesidad de que declaren más testigos» tal y como está «perfilado» el caso y el objeto de la investigación, la supuesta financiación irregular del PP.

Tampoco considera «necesarias» para llegar al fondo de este asunto otras diligencias propuestas por las acusaciones, como careos entre Bárcenas y algunos de los constructores imputados que han negado haber dado dinero negro al PP o el registro de la vivienda habitual del extesorero en la calle Príncipe de Vergara de Madrid. Estima que esas diligencias serían «redundantes con otras ya practicadas», al margen de que algunas de ellas se referían a hechos que, de ser delictivos, estarán prescritos, por ejemplo apuntes contables de los noventa, o eran pruebas que, entiende el magistrado, se apartaban «claramente» del objeto de la instrucción.

«Mejoría evidente»

Ruz, sin embargo, a pesar de su prisa por cerrar la investigación, sí que acepta una de las peticiones que las acusaciones consideraban clave, volver a escuchar de nuevo a Álvaro Lapuerta, el inmediato antecesor de Luis Bárcenas en la tesorería del PP, quien, debido a su delicado estado de salud, no ha comparecido en sede judicial desde que el exsenador decidiera tirar de la manta en su declaración ante Ruz el pasado julio.

El octogenario Lapuerta, quien llegó a estar en coma por dos caídas fortuitas, ya declaró en su día ante el juez y la Fiscalía, pero el próximo 4 de noviembre deberá volver a la Audiencia Nacional para aclarar sus contradicciones con su sucesor y examigo. Según el juez, los informes médicos reflejan «una mejoría evidente en el aspecto motor, en el área del lenguaje, pensamiento, concentración y cálculo» del anciano, a quien hace solo unas semanas los médicos no veían en «condiciones neuropsíquicas» para afrontar un duro interrogatorio como el que ahora tendrá que afrontar.