Una institución herida

Es preciso aclarar bien pronto y bien fuerte que la presunción de inocencia, en todos, absolutamente todos, los procesos judiciales es una garantía incuestionable, que no incuestionada, de cualquier estado de derecho que se precie. Esta obviedad, que es preciso repetir a cada paso en unos tiempos de sobresalto crónico, es tan grosera como el desánimo y el desamparo que producen los casos de posibles escándalos que suma la sociedad andaluza. Siempre, en todos los casos recientes, los más graves que se han conocido nunca, aparecen en su eje los sindicatos mayoritarios, las empresas que aspiran a distintas ayudas económicas y las instituciones que las conceden. Es decir, las herramientas creadas para repartir dinero público con el que fomentar riqueza industrial o con el que distribuir distintos auxilios sociales se han convertido, al menos en algunos de estos casos, justo en lo contrario, en el método para meter dinero en unos pocos bolsillos de supuestos aprovechados. Habrá que ver qué grado de implicación tiene Salvador Mera en la trama. Quizás ninguno, pero su detención, la del primer responsable de un sindicato histórico, con miles de afiliados, demuestra que el sistema sindical precisa de una revisión integral tras encadenar la mayor serie de pufos y negligencias que se le conocen. Hasta los propios empleados de UGT se han sublevado este año. Y se supone que los que se acercan a ellos buscan protección, auxilio, asesoramiento, más oportunidades para participar en un método que redistribuya la riqueza. Y después de pagar sus cuotas, o a través de impuestos, se encuentran esos ciudadanos con que la riqueza se acapara y se desvía. Esa sensación, tan grande como la presunción de inocencia, es el enemigo real de los sindicatos en Andalucía. Nunca una juez.