Álvarez asegura a Alaya que «en ningún momento» conoció el fraude en los ERE

Magdalena Álvarez, exministra de Fomento, pasó ayer el mal trago de declarar como imputada en el caso de los ERE fraudulentos convencida de que había dejado «las cosas claras» ante la jueza Mercedes Alaya. Esta, sin embargo, mantuvo la imputación a la hoy vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por estimar que, siendo consejera de Economía y Hacienda (1994-2004), fue «una de las promotoras, junto con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales» que la Junta mantuvo entre 2000 y 2011.

Por ello, Alaya le acusa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Álvarez, rechazó las acusaciones ante Alaya, defendió su gestión «transparente» en Hacienda y aseguró a la jueza que «en ningún momento» tuvo conocimiento de los hechos investigados, es decir, del fraude cometido en las ayudas a empresas en crisis y prejubilaciones otorgadas por la Consejería de Empleo, que ya se estima en 140 millones de euros.

Alaya considera que el fraude es consecuencia del uso intencionado e ilegal de las transferencias de financiación, un sistema apropiado para financiar las empresas públicas, pero no para tramitar a través de estas subvenciones a terceros. La Consejería de Empleo tramitaba a través del IFA, luego IDEA, el pago de las prejubilaciones y de las ayudas directas con cargo a su partidas presupuestarias, lo que la jueza califica de «vulneración flagrante del procedimiento legalmente establecido». Entiende que de esta manera se eludían los «férreos requisitos legales de tramitación» exigidos por la ley de subvenciones, como los de imparcialidad, transparencia y no discriminación. Agrega que este sistema llevó a «un uso ilegal de los fondos», a la concesión de estos «con absoluta discrecionalidad», lo que propició su menoscabo por la trama corrupta.

Ideólogo

Alaya sitúa a la Consejería de Hacienda, y a Magdalena Álvarez, como la responsable de dar cobertura al sistema ilegal del pago de las ayudas sociolaborales a través de modificaciones presupuestarias primero (hasta 93 millones de euros hasta 2001) y las propias leyes de presupuestos después de 2002, cuando se acuerda el nuevo sistema.

La exconsejera, experta en hacienda pública, rebatió la tesis de Alaya. En un interrogatorio sereno y técnico, Álvarez, que desplegó amplia documentación de leyes sobre la mesa, según los abogados presentes, contestó que nunca se recibieron presiones de los sindicatos ni se ideó un procedimiento opaco para agilizar las ayudas.

Ante la pregunta de la jueza de quién fue el «ideólogo» del sistema, explicó que la transferencia de financiación era una transposición de la legislación estatal que ya venía utilizándose bajo la denominación de subvenciones de explotación en los años 90.

Afirmó que estas transferencias sí que se podían utilizar para el pago de ayudas extraordinarias, pero aclaró que esto no obviaba a la Consejería de Empleo a cumplir con lo establecido en la ley de subvenciones. «El obligado respeto a las subvenciones no tiene nada que ver con el instrumento de financiación usado», subrayó.

En reiteradas ocasiones defendió que sus decisiones sobre el fondo de los ERE cumplían todos los requisitos de acuerdo con la Intervención, la Cámara de Cuentas y el Parlamento. «Ha podido haber un uso inadecuado, pero no una presupuestación inadecuada», afirmó.Cuestionada por Alaya sobre el uso del complejo lenguaje presupuestario para ocultar las ayudas ante el Parlamento, Álvarez lo negó y dijo que los diputados son expertos en el lenguaje presupuestario y están asesorados.

Reiteró que en «ningún momento» tuvo conocimiento de los hechos que se están investigando y tampoco conoció los informes de la Intervención General porque estos fueron posteriores a su marcha en 2004 de la consejería. Tampoco conoció los informes anteriores a 2002 por los que se ideó, según la jueza, un sistema de menos control.

Alaya preguntó si trató con Chaves y Zarrías la «mala gestión de la Consejería de Empleo» o si se habló del sistema de ayudas en consejos de gobierno, a lo que Álvarez respondió de forma rotunda que no.