La Justicia investiga si se inflaron sin justificación los precios de las preferentes

La Audiencia Nacional investiga si se inflaron de forma artificial los precios de las participaciones preferentes comercializadas por algunas entidades financieras durante los últimos años. Según fuentes jurídicas, así se lo han pedido algunas de las acusaciones en el procedimiento que abrió la pasada primavera, en principio limitado a la actuación de Cajamadrid, Bancaja y su grupo, BFA-Bankia.

El juez Fernando Andreu ha abierto esa línea de pesquisas a la vista del último informe remitido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde se admiten una serie de prácticas, cuanto menos anómalas, en la comercialización de «instrumentos híbridos de alto riesgo», como las preferentes y la deuda subordinada. Fechado el 26 de septiembre de 2011, en dicho documento se confirma que la mayoría de las colocaciones (el 78% de los 58.907 millones de euros aún 'vivos' entonces) se hicieron entre clientes minoristas, pese a que el regulador señalaría apenas un año después que dicha práctica está vetada para los productos más completos.

Asimismo, la mitad de esas emisiones (30.268 millones) tenía carácter perpetuo, es decir, no se recuperaría el capital principal hasta el fallecimiento del titular, mientras que el vencimiento del resto llegaba hasta 2035. No sólo eso; según el análisis de los técnicos de la CNMV, la mayoría de los bancos y cajas comercializaron las preferentes a unos precios muy por encima su valor teórico (de hasta el 75% en algunos casos) o con un claro perjuicio hacia una de las partes (si las operaciones eran entre clientes).

Pese a reconocer que en bastantes ocasiones no existían otras fuentes de liquidez que respaldaran esas colocaciones, que tampoco se usaba un mercado de compraventa centralizado (pese a que sí se había aconsejado) o que se ocultaba a la clientela que una misma emisión podría tener diferentes retribuciones o precios, la CNMV zanjó la cuestión afirmando que las entidades «están revisando sus sistemas en línea con las recomendaciones», aunque admitía que el proceso estaba siendo «demasiado lento».

A este respecto, la presidenta del regulador, Elvira Rodríguez, reconoció ayer que «quizá se debería haber intervenido antes», incluso desde las primeras colocaciones de preferentes. La justicia trata de dilucidar ahora si la referida mala praxis pudo incurrir también en sendos delitos como la estafa, la apropiación indebida o la maquinación para alterar el precio de las cosas.