21 millones en subvenciones repartidos con «criterios políticos y subjetivos»

Plato fuerte el que se sirvió ayer en los juzgados de San José, donde prosiguen las declaraciones de imputados por el 'caso Bahía Competitiva'; el fraude de 21 millones de euros en subvenciones que debieron emplearse en la reindustrialización de la Bahía gaditana y acabaron en paraísos fiscales y productos financieros cuyos beneficiarios eran unos pocos. Dos imputadas estaban citadas por la jueza Lourdes del Río: la responsable de la oficina Bahía Competitiva, Rosa Rodríguez Cano; y la gerente provincial de la agencia IDEA, Rosa Mellado, cuya imputación ha sido negada de forma reiterada por dirigentes socialistas como la secretaria provincial del partido, Irene García, hasta rendirse a la evidencia.

La sesión debía arrancar a las 9.30 horas, pero no lo hizo hasta cerca de las once. Cada declaración resulta un maratón de preguntas ya que hay más de una docena de letrados personados, representando a los 31 implicados en una investigación en la que ha invertido la Udyco más de dos años.

Las afirmaciones más sustanciosas para la causa salieron de la boca de Rodríguez Cano, quien trató de exculpar a su jefe directo, Antonio Perales -exgerente de la oficina- pero de forma «torpe», indicaron fuentes directas del caso. Algunas de sus respuestas fomentaron más los indicios policiales que apuntan a un interés personal de Perales en beneficiar los proyectos del empresario gallego Dávila Ouviña, quien fuera detenido y enviado a prisión en la primera fase de la operación policial. Meses después saldría en libertad condicional.

Su afirmación más relevante fue también demoledora: el reparto de ayudas no se hacía siguiendo criterios objetivos y profesionales sino sujeto a otro tipo de intereses. Rodríguez Cano era la representante de Bahía Competitiva en la mesa evaluadora donde se puntuaban los proyectos que se presentaban en cada convocatoria aspirando a obtener una inyección económica para implantarse en la Bahía de Cádiz. Junto a ella, estudiaban cada propuesta dos técnicos del IEDT (Instituto de Empleo y Desarrollo) dependiente de la Diputación y un técnico de la agencia Idea. Rodríguez Cano reconoció que la propuesta final que salía de esa mesa tripartita debía pasar el filtro de su jefe, Antonio Perales, y la decisión definitiva se tomaba «con carácter político y criterios subjetivos».

Ese reconocimiento claro de cómo se decidía el destino de dinero público dejó perplejo, según las mismas fuentes, a los presentes. Esta declaración abrió la puerta a la parte del interrogatorio más extensa: si los miembros de esa comisión evaluadora recibieron de forma directa alguna directriz clara para beneficiar a determinadas propuestas y empresarios por encima de otros. Encima de la mesa de la jueza, los dos correos electrónicos aportados a la causa en los que se leen indicaciones precisas para puntuar más a unos proyectos que a otros.

Uno de ellos, enviado desde la agencia IDEA a los integrantes de la mesa evaluadora, acabó con modificaciones en las baremaciones, dejando directamente a algunos de los aspirantes fuera del reparto. Salieron favorecidas las empresas de Ouviña, que llegó a concentrar más del 30% de las ayudas, superando el límite de riesgo asumible.

En este punto, Rodríguez Cano intentó echar un capote a Perales, asegurando que las indicaciones que recibían de él sólo se referían al aumento de los créditos para determinados proyectos en lugar de las puntuaciones. Un intento fallido para algunos de los asistentes en la declaración, ya que incrementar la ayuda que debía recibir una empresa supone consecuentemente un aumento de la puntuación.

Los técnicos del IEDT advirtieron del riesgo que se estaba corriendo otorgando tanta ayuda pública a las empresas del supuesto cabecilla del entramado delictivo, pero esas dudas no fueron suficientes para impedir que la propuesta definitiva fuera enviada al Ministerio de Industria; departamento que controla el Plan Reindus de donde sale el dinero de las subvenciones.

Rodríguez Cano reveló ayer un dato desconocido, Antonio Perales se reunió hasta en dos ocasiones con los técnicos del IEDT antes de que la propuesta definitiva saliera hacia Madrid en 2011, cuando se advirtió de un posible trato preferente a las empresas del gallego después de tres convocatorias . Este detalle revelaría supuestamente un interés especial del exgerente del Plan Bahía para que Dávila Ouviña recibiera una buena partida económica. Sin embargo, Rodríguez Cano no pudo aclarar el contenido de esos encuentros porque asegura a la jueza que no estuvo presente en ninguno de ellos.

La confianza fue ciega hacia los proyectos del empresario gallego y de otro industrial vasco también imputado. El agujero económico, cifrado en las pesquisas policiales, alcanzó los 21 millones. Las empresas seleccionadas no sacaron ni una iniciativa hacia delante. Otros 26 millones de euros se pudieron salvar porque la investigación estaba en curso y aunque se concedieron, a propuesta de la Diputación y la Junta, no se llegó a librar el dinero.