Una juez investiga si el PSOE delinquió al difundir datos del PP del 'caso Bárcenas'
Los populares acusaron a los socialistas de revelar secretos y vulnerar la intimidad por divulgar en el Congreso la nómina de Rajoy y otros dirigentes
Actualizado: GuardarUn juzgado de Madrid abrió diligencias previas para aclarar si el PSOE reveló secretos y vulneró la intimidad de los militantes del PP tras difundir «de manera indiscriminada» datos retributivos y personales de sus dirigentes, entre ellos el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, contenidos en el sumario del 'caso Bárcenas'.
Los populares presentaron una denuncia hace dos semanas en la que pidieron que se iniciase un procedimiento sancionador contra el PSOE o quienes sean responsables de obtener, difundir y publicar dicha información, incluida en el proceso, que el grupo socialista remitió a los medios de comunicación y que exhibió en un debate en el pleno del Congreso su portavoz Soraya Rodríguez.
En aquel debate con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz socialista mostró esos papeles y aseguró que en ellos quedaba patente que Rajoy mintió cuando dijo en sede parlamentaria que el extesorero Luis Bárcenas ya no tenía relación con el PP cuando él llegó a La Moncloa, en diciembre de 2011.
Esa documentación contenía no sólo las retribuciones de Bárcenas, sino también de varias decenas de trabajadores del PP que figuran en la lista de los 'papeles secretos' del extesorero. También estaban las notas de los donantes del partido y los nombres de otros militantes.
Los socialistas también remitieron entonces los datos de las cotizaciones de Bárcenas a la Seguridad Social, que muestran que fue trabajador del PP hasta enero de 2013, algo que cayó como una losa en la sede de la calle Génova 13 de Madrid, desde donde han defendido con ahínco que el imputado no pertenecía al partido desde el finiquito pactado en 2011.
Duras medidas cautelares
En su denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, el PP señaló que el PSOE ha divulgado «de manera indiscriminada» datos de carácter personal, relativos a los trabajadores del Partido Popular, «cuyo derecho a la intimidad ha de prevalecer, dado que esa difusión carece de todo interés público».
A su juicio, estos hechos son susceptibles de delitos contra la intimidad y descubrimiento y revelación de secretos, y además recordaron que forman parte de las diligencias penales en las que está personado el PSOE como acusación popular del 'caso Bárcenas' y «no pueden ser divulgadas a terceros». Reclamó además como medida cautelar que se pida al PSOE y a todos los medios de comunicación que hayan publicado estos datos que entreguen los documentos al juzgado. También «el embargo y comiso» de todos los datos relativos a militantes y trabajadores del PP que figuren en los archivos del PSOE y en los medios.
De la misma forma, el PP pidió que se cite a la portavoz del PSOE en el Congreso, «en principio en calidad de testigo», por ser la persona «que exhibió públicamente los documentos desde la tribuna del Congreso» y solicitó que se requiera al PSOE «la identificación de las personas de su oficina de prensa y a cuantos hayan participado en los hechos denunciados».
En la denuncia al juzgado, el PP reclamó que se envíe toda la información al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil para que practique las pesquisas oportunas.
En este sentido, el juzgado de instrucción número 46 de Madrid que abrió el lunes las diligencias previas, después de que apreciara relevancia penal en los hechos denunciados, reclamó a la Fiscalía Provincial que se pronuncie sobre la aplicación de estas cautelares. En cualquier caso, la decisión final dependerá de la titular del juzgado María Isabel Garaizabal.
Además del PSOE, los populares también acusaron a Izquierda Unida de utilizar de forma fraudulenta su personación en el 'caso Bárcenas', con una intencionalidad «exclusivamente política» y filtrando a la prensa «datos e informaciones que no deben salir de la esfera estrictamente procesal». Por ello pidieron en sendos escritos enviados a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción su expulsión del caso.