Carlos Fabra trata de demostrar que sus delitos fiscales ya han prescrito

La primera sesión del juicio que ha sentado en el banquillo a Carlos Fabra duró algo más de tres horas, en las que la defensa del expresidente del PP en Castellón y expresidente de la Diputación trató de excluir los delitos fiscales de los cargos contra su cliente. Javier Boix, abogado de Francisco Camps en el caso de los trajes, advirtió de que los delitos fiscales estarían prescritos y que los técnicos de la Agencia Tributaria «no son independientes» porque trabajan a las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción, una relación que, a su juicio, hace que no puedan actuar como peritos en el caso. Criterio este último que fue desestimado por el tribunal de la Audiencia Provincial castellonense.

El que fuera todopoderoso líder el PP en Castellón durante lustros es juzgado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. Las acusaciones piden para él 13 años de cárcel, una multa de 1,9 millones y el pago de una indemnización de 692.000 euros por la suma presuntamente defraudada a Hacienda entre 1999 y 2003.

A diferencia de anteriores citaciones judiciales, ningún dirigente del PP, ni local ni autonómico ni nacional, arropó a Fabra en esta ocasión. Lejos quedan los tiempos en que el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calificó a Fabra de «ciudadano ejemplar». Sólo un exasesor de la Diputación, su chófer y hermanos acompañaron a Fabra en un juicio que ha estado precedido de casi diez años de investigaciones y múltiples tropiezos procesales.

Todo arrancó un 18 de diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, hasta entonces su amigo y socio, presentó una denuncia contra Carlos Fabra por el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de sus gestiones ante diversos ministros del Gobierno de José María Aznar para lograr la fabricación y comercialización de unos productos fitosanitarios. Desde entonces, hasta nueve jueces y cuatro fiscales han pasado por el caso. Las investigaciones sobre el tráfico de influencias y cochecho llevaron al delito fiscal. Hacienda concluyó en sus informes que Fabra habría ingresado dos millones de euros de origen injustificado y que habría defraudado 700.000 euros al Estado.

La acusación popular ejercida por la Unión de Consumidores enumeró ayer ingresos, fincas en varias poblaciones de la provincia inscritas en el Registro de la Propiedad con un precio mucho menor al de mercado, así como operaciones mercantiles en lo que calificó como «una empresa criminal» con el único objetivo de estafar a Hacienda. Fabra, agregó la acusación popular, «era un mago en la consecución de fines ilícitos».

Pese a ello, el abogado del expresidente del PP castellonense negó las acusaciones y dijo que su patrocinado lo único que hizo fue trabajar por la provincia. Además, explicó que las licencias sobre el fitosanitario Abamectina, origen de la causa y por los que Fabra habría presionado para lograr los permisos, ya estaban a punto de obtenerse por lo que «de poco habría servido la influencia de Fabra».

La abogada que defiende a la exmujer de Fabra, María Desamparados Fernández, siguió esa misma línea y esgrimió los autos de la propia Audiencia Provincial que la exculpaban de los delitos fiscales aunque luego fueron tumbados por el Tribunal Supremo. El resto de los defensores se sumaron a los argumentos de Boix.

Como «Al Capone»

El expresidente de la Diputación de Castellón se negó a hacer declaraciones tanto a la entrada como a la salida. Se limitó a sonreír en ocasiones al escuchar el relato de los hechos de la acusación popular, la Fiscalía y el Abogado del Estado, e intercambió alguna impresión con su exmujer.

Una de las declaraciones más llamativas fue la de Wenley Palacios, letrado de la exesposa del empresario Vilar, Montserrat Vives, quien se encargó hace unos años de la defensa del propio Fabra. El abogado aseguró que «son inocentes» y vinculó la imputación «a un deseo de venganza desmesurado» de Vilar, quien llegó esposado a la vista, está condenado por un delito de agresión sexual a su exesposa.

Palacios comparó al exdirigente del PP con Al Capone ya que «ha querido hacer lo mismo que Al Capone y todo el mundo nos equivocamos al hacer la declaración de Hacienda alguna vez». El abogado aseguró asimismo que su clienta «vive de Cáritas, no sé que enriquecimiento ha disfrutado», y recordó que su exmarido«la violó y maltrató y por eso está en la cárcel».