El Gobierno lanza un aviso a los presos de ETA al decapitar a su colectivo de apoyo

La Guardia Civil, en una operación coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, decapitó ayer a la dirección de Herrira, el colectivo de apoyo a los reclusos de ETA. En una acción coordinada en el País Vasco y en Navarra, los agentes detuvieron a 18 de los principales dirigentes de la organización.

En el operativo policial se registraron las sedes del colectivo en la localidad guipuzcoana de Hernani, Bilbao, Vitoria y Pamplona, se bloqueó sus cuentas bancarias, se incautó de documentación y ordenadores y se clausuraron 32 perfiles de Twitter, 125 cuentas de Facebook y 38 páginas webs. La mayor parte de las detenciones se practicaron en Hernani, donde fueron arrestadas diez personas, y en otros puntos de Guipuzcoa fueron capturadas otras cinco. En Vizcaya, Navarra y Álava fueron detenidos los tres restantes.

«Tentáculo de ETA»

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, justificó la intervención porque, aseguró, Herrira es un «tentáculo de ETA» y se ha convertido en «sucesora de las ilegales Gestoras pro Amnistía y Askatasuna». El juez y la Guardia Civil acusan a la organización de estar detrás de un centenar de homenajes a presos etarras por lo que, entienden, se habría cometido un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.

El golpe policial desató una rápida reacción del Gobierno vasco y del PNV, así como de las diferentes formaciones de la izquierda abertzale. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu calificó los arrestos de «mala noticia» y desde el partido nacionalista se tildaron las detenciones de «preocupante retroceso en las expectativas de consolidar la paz en Euskadi». Gobierno y partido combinaron sus reproches con exhortaciones a ETA para que «se disuelva».

El desmantelamiento de Herrira llega en un momento de efervescencia para ETA y para los cerca de 700 reclusos que cumplen condena en centros penitenciarios de España y Francia. Tanto la banda como los presos descartan realizar una lectura crítica de su pasado, como se les exige desde formaciones como el PNV, el PSE y el PP o desde el propio Gobierno de Mariano Rajoy, que demanda una petición pública de perdón por el daño causado.

El golpe policial se ha registrado además apenas tres días después del último comunicado de ETA, en el que advierte de que no renegará nunca de su «trayectoria de lucha» ni aceptará «el relato de los opresores». «No demandamos que el resto de fuerzas políticas compartan nuestro punto de vista, pero, al mismo tiempo, no podemos aceptar que tengamos que renegar de nuestra trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores», insistía ETA.