La ONU pacta el desarme sirio

«El pasado 21 de agosto el régimen de El-Asad cometió crímenes de guerra según la ley humanitaria internacional, al lanzar a gran escala un ataque químico contra su propio pueblo, el primero de ese tamaño en 25 años, 88 años después de que esas armas fueran vetadas universalmente», sentenció ayer el viceprimer ministro de Reino Unido, Nick Clegg, durante la intervención de su país en la Asamblea General. «Como dijo el presidente Obama el martes, es un insulto a la razón sugerir que el régimen no fue responsable de ese crimen».

Esos son los hechos que las potencias occidentales consideran probados gracias al informe de los inspectores de la ONU, pero no los que se reflejan en la resolución que el Consejo de Seguridad pretendía votar ayer mismo o este fin de semana. Gracias a la inquebrantable presión de Rusia, que tiene derecho a veto en el máximo órgano de la ONU, la resolución no asigna culpa alguna en la muerte de 1.429 civiles, de los que 426 eran niños, sino que simplemente «expresa su fuerte convicción de que eso individuos responsables del uso de armas químicas en la república Árabe Siria paguen por ello». El crimen, por tanto, seguirá impune, a no ser que algún día Rusia, que culpa del ataque a los rebeldes, cambie de opinión.

Por ahora todos los actores se conforman con que haya sido posible consensuar una resolución vinculante que articule la obligación de Siria de cumplir con su compromiso de desarme y constate la línea roja que ha pintado el mundo entre el uso de armas convencionales y armas químicas. Es, ciertamente, algo «histórico y sin precedentes», como proclamó la embajadora de EE UU en la ONU, Samantha Power, que dependerá de la buena voluntad del gobierno de El-Asad para cumplir con la obligación que se le asigna, ya que no hay nada en el documento que autorice el uso de la fuerza o siquiera la implementación de sanciones en caso de que no lo haga. Para Power, la pérdida de su arsenal químico es suficiente castigo para El-Asad y suficiente victoria para el mundo. «Esto es potencialmente una enorme victoria para la comunidad internacional», aseguró Barack Obama.

El de Siria es uno de los mayores arsenales químicos del mundo, que muchos sitúan justo detrás de EE UU y Rusia. Washington cree que el Gobierno sirio había incorporado estas armas a su portafolio de guerra como uso habitual, lo que le daba una ventaja estratégica. Al principio las utilizaba para asustar a la población que pudiera apoyar a la oposición. Al final, para extinguirla.

Los inspectores que volvieron el miércoles a Siria para estudiar otros siete incidentes, entre ellos tres ocurridos después del 21 de agosto, terminarán su misión el lunes. El martes llegará el equipo encargado de supervisar la destrucción del arsenal con tal grado de autoridad que podrán incluso acceder a instalaciones que el Gobierno sirio no haya designado en su listado de arsenales nucleares. Cada 30 días tendrán que informar de ello al Consejo de Seguridad, en un proceso que debería completarse para la próxima Asamblea General de la ONU.

Mil millones

Washington y Moscú coinciden en cuantificar el arsenal sirio en mil millones de toneladas métricas de agentes químicos y precursores. Unas 300 de éstas serían de sulfuro de mostaza, el infame gas utilizado en la Primera Guerra Mundial. Según el 'Washington Post', la mayoría de estos agentes todavía no han sido mezclados para convertirlos en munición con la que armar las cabezas de misiles, lo que facilitaría la destrucción de las mismas.

Las fuentes gubernamentales a las que ha tenido acceso el rotativo creen que eso será posible en apenas nueve meses. Y sobre todo, bastará con destruir los mezcladores para impedir que puedan ser usadas. En lo que EE UU y Rusia difieren es sobre dónde debe llevarse a cabo la destrucción de ese arsenal. El Gobierno de Obama desea sacarlo del país cuanto antes para que El-Asad no pueda cambiar de opinión, mientras que Rusia cree que es mejor hacerlo en territorio sirio, e incluso está dispuesta a enviar tropas para custodiar los arsenales mientras se lleva a cabo el proceso. Y la novedad es que la parte estadounidense cree que los negociadores rusos actúan de buena fe.

En caso de incumplimiento, la resolución establece que habrá que negociar otra resolución para imponer medidas bajo el Capítulo VII de la Carta Magna de la ONU que autoriza el uso de la fuerza, pero que requerirá la negociación de otra resolución todavía más complicada que la presente.